Una de las medidas que anunció el gobierno para poner fin a la polémica de los medidores inteligentes fue el ingreso de un proyecto de ley corta cuyo objetivo es bajar la rentabilidad de las distribuidoras, transitando desde un 10% a una tasa que se situaría entre el 6% y 7%.
Y aunque la discusión recién comienza, la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados solicitó hace una semana a la Comisión Nacional de Energía (CNE) cálculos de impacto en la tarifa de clientes residenciales con una tasa de actualización entre el 4,12 y el 6,85%, encendiendo motores de los efectos que podría traer consigo la iniciativa.
Un día después, el secretario ejecutivo de la entidad, José Venegas, llegó al Congreso con la respuesta. Junto con advertir que se trata de una estimación porque el cálculo final depende de los activos específicos de cada distribuidora y su vida útil, -por lo que el efecto real sólo podrá precisarse al efectuarse el cálculo del Valor Agregado de Distribución (VAD)-, el directivo indicó que si se bajara la tasa al 6,85% habría un cambio del orden del 14% a 17% de los ingresos de las distribuidoras, mientras que el efectos se ubica entre un 3% y 3,6% en la tarifa final. A su vez, un ajuste 6% representa diferencias de ingresos para el negocio de distribución en general que se ubica entre 17% y 21%.
Al respecto, explicó que si se usan valores por debajo del piso propuesto en el proyecto, el impacto en las tarifas y en los ingresos de las distribuidoras podría ser algo más importante.
En lo que llamó una “estimación gruesa” de lo que podría significar el cambio de tasa (calculada antes de impuestos para hacerla comparable con lo que hoy existe), agregó que el impacto en tarifa final se ve reducido ya que la componente de distribución en las tarifas no es la principal variable. “Si bien el efecto tarifa final no es muy importante, puesto que al final la componente distribución pesa sólo un 20%, sí puede ser individualmente muy importante a nivel de la industria de distribución que es crítica para el suministro”, dijo ayer .Consultado por estos cálculos, insistió en que estas cifras son aproximaciones gruesas entregadas en un rango, y que fueron realizadas en base a los estudios de costos conocidos y al diferencial de tasas respectivo. De hecho, indicó que otros elementos, como la definición de áreas típicas, podrían hacer variar el resultado al enfrentar un nuevo proceso tarifario.
“El cambio en la tasa impacta directamente sobre los ingresos anuales de las empresas. Por ello, es muy importante que cualquier cambio se haga sobre la base de un cálculo específico de tasas, y no un valor prefijado en un momento dado, ya que la tasa adecuada puede variar con las condiciones de mercado y de riesgo país y de la industria”, explicó.
Precisó que lo que entrega la propuesta de ley corta no es usar una tasa fija sino definir un piso y, a partir de éste, hacer un cálculo correcto de la tasas en cada caso, agregando que es relevante que el análisis se efectúe sobre una empresa modelo, lo que implica que se tomen los activos de una empresa ideal eficiente.
Para el académico PUC y fundador de Breves de Energía, Cristián Muñoz, si bien la estimación del impacto en tarifas y en las utilidades dependerá de la modelación que se use “es una caída significativa en los ingresos del sector de distribución, añadiendo que esta baja resulta esperable ya que “el gobierno está proponiendo una reducción significativa de la tasa de descuento”.
