Este miércoles ingresará a la Cámara el nuevo proyecto que busca cambiar el sistema de pensiones de Chile. La moción presidencial entrega las directrices del Ejecutivo en torno a las normativas por la que se deberán regir las Administradoras de Fondos de Pensión y el Nuevo Ahorro Colectivo que será administrado por un órgano autónomo.
Uno de los lineamientos más importantes es que el aporte de un 5% se hará de forma gradual. Tras la publicación de la ley y por un periodo de 12 meses, la cotización será de un 1% de la renta imponible de cada afiliado, para luego ser incrementada en un 0.8% hasta llegar al porcentaje total.
Por otro lado, la iniciativa del Gobierno señala que se subirá el tope imponible de $2 millones a $3 millones y se igualará con el seguro de cesantía, también en forma de gradual, en un periodo de cinco años. De acuerdo con el texto presentado, se busca que las personas que imponen por el máximo logren mejorar su pensión al igualar el monto de su cotización.
Una de las grandes razones que justifican las bajas pensiones en algunos jubilados son las lagunas previsionales, es decir, periodos en los cuales las personas no cotizaron en ninguna AFP. Es por esto que el proyecto contempla un seguro para hacer frente a estos vacíos, principalmente en el caso de los trabajadores cesantes.
Los trabajadores independientes también son abordados en la moción presidencial, y se establece que deben imponer por el 100% de su renta imponible desde el año siguiente de la fecha de publicación de la futura ley. Eso sí, el proyecto contempla que este tipo de trabajadores puedan tener la opción de imponer por un porcentaje inferior, pero deberán alcanzar la totalidad en un periodo de seis años.
Consejo de Ahorro Colectivo
La propuesta del Gobierno indica que el nuevo Ahorro Colectivo será administrado por un órgano autónomo, con personalidad jurídica y con patrimonio propio. El texto hace hincapié en que se separará el patrimonio del Consejo de los fondos obtenidos de las cotizaciones de los contribuyentes y que los mismos no podrán entrar en arcas de la nación.
El organismo se conformará de siete profesionales, un gerente general y un contralor. Todos serán propuestos por la Presidenta y ratificados por el Senado. Asimismo, deberán contar con ocho años de experiencia en la materia y durarán máximo seis años en sus cargos, pero se renovarán por parcialidades cada tres años.
Los miembros del Consejo deberán elaborar y aprobar las propuestas de inversión de los fondos, además de dirimir en casos en que haya conflictos de interés.
El fisco entregará un aporte para el capital inicial del Consejo de hasta $154 millones, considerando un proceso de transición de hasta seis años. Una vez transcurrido ese tiempo, se deberá autofinanciar pero podrá descontar un máximo anual de un 0.5% del saldo de los fondos de ahorro.
