Esta semana el Gobierno informó que reasignó casi $1.000 millones de pesos para costear el Proceso Constituyente, sacando dineros de presupuestos de otras reparticiones.
En el informe del Ministerio de Hacienda, donde se da cuenta de la transacción, se detalla que parte de esos movimientos de recursos ─$58 millones, específicamente─ fueron sacados del presupuesto de la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Ese dinero se utilizó para pagar los gastos asociados a la operación de la última fase de los cabildos, según detalla el informe.
A raíz de esto, el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, Daniel Farcas (PPD), anunció que citará al ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, para que explique la situación.
“Resulta insólito y realmente difícil de entender que el Gobierno haya redestinado ese dinero para reducir los fondos de seguridad ciudadana, sobre todo cuando este es una de las prioridades ciudadanas más importantes”, comentó Farcas.
“Sin duda que el Proceso Constituyente es importante, pero en ningún caso podemos disminuir los fondos para la prevención del delito, más aún cuando 9 de cada 10 chilenos desaprueba lo que estamos haciendo para combatir el delito”, agregó el diputado PPD.
Esto se suma a las críticas ya expresadas por el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, quien este jueves dijo a T13 Radio que esta reasignación "rompe las reglas del juego".
Consultado sobre la polémica, el ministro vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, dijo que el "mecanismo de reasignación de presupuesto es trimestral" y aclaró que "mientras más mecanismos (de reasignación) haya, mejor para el país".