Hasta el Tribunal Constitucional (TC) llegarán el próximo martes Raúl Guzmán, fiscal regional metropoliano sur, y Cristián Galdames, jefe de la Fiscalía de Puente Alto. ¿La razón? Participar en los alegatos en el proceso que lleva adelante el TC y que determinará si el Ministerio Público podrá acceder a la totalidad de la información que forma parte de la investigación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE).
El 20 de noviembre el TDLC, ingresó un requerimiento al TC, para evitar que la Fiscalía Sur accediera a los antecedentes reservados del caso colusión del papel confort, que involucra a las empresas CMPC y SCA.
A comienzos de diciembre, la segunda sala del TC declaró admisible lo planteado por el TDLC y dio un plazo de 10 días a ambas partes para que entreguen sus observaciones y antecedentes. Además, el tribunal mantuvo la decisión de suspender la tramitación en la Corte de Apelaciones de San Miguel -la que fue determinada el pasado 24 de noviembre-, luego de que el Ministerio Público solicitara a ese tribunal que el TDLC entregue la información requerida.
Según fuentes allegadas a la investigación, el acceso a la totalidad de la información es clave para la Fiscalía de Puente Alto, ya que "muchos de los citados a declarar por el fiscal Galdames se han amparado en su derecho a guardar silencio".
Esto es una figura que permite la nueva justicia. Sin embargo, si la Fiscalía tiene acceso a toda la información, podría tener conocimiento de las declaraciones que realizaron los mismos involucrados en el caso, ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE).
Este viernes, los diputados Gabriel Silber y Daniel Farcas solicitarán que se les tenga como parte del proceso en el TC, con el objetivo de poder alegar el martes en la vista de la causa.
