Una juez de Andorra -un pequeño principado situado en la frontera entre España y Francia- anunció este jueves el procesamiento de 29 personas por corrupción, entre ellas dos exviceministros venezolanos.
La justicia andorrana asegura que los 29 forman parte de una red de funcionarios corruptos que presuntamente expoliaron US$2.000 millones a la empresa pública de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), la más importante del país, a través del cobro de sobornos a empresas a cambio de adjudicaciones de la petrolera, informó el Diari d'Andorra.
Los acusados supuestamente ocultaron el dinero gracias a sociedades fantasma creadas por la Banca Privada Andorrana (BPA).
Entre los encausados, se encuentran los exviceministros de Energía Nervis Villalobos y Javier Alvarado, así como Diego Salazar, primo del que fuera ministro de Energía, presidente de PDVSA y embajador en la ONU, Rafael Ramírez, junto a otros altos cargos de PDVSA y 13 directivos de BPA.
La mayor parte de los implicados están detenidos en Venezuela, España o Estados Unidos "porque están siendo perseguidos por múltiples delitos de corrupción y blanqueo", precisa el diario de Andorra.
De momento, ninguno de los implicados ha realizado declaraciones ni el gobierno venezolano se ha pronunciado.
Sobornos y blanqueo de dinero
Los hechos supuestamente se produjeron entre 2007 y 2012.
La justicia de Andorra asegura que los acusados lavaron el dinero y lo ocultaron en la BPA antes de que parte de esos fondos fueran transferidos a paraísos fiscales.
En 2015, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a la BPA de ayudar a grupos criminales organizados de China y Rusia, así como a PDVSA, a blanquear dinero. Ese mismo año, las autoridades del Principado de Andorra intervinieron la entidad.
La magistrada Canólic Mingorance, que notificó este jueves el procesamiento e investiga la causa desde 2012, estimó en un auto que los procesados "se unieron para controlar las licitaciones públicas de PDVSA y la construcción de infraestructuras energéticas contratadas por filiales de PDVSA, Corpoelec y Electricidad de Caracas", informa el diario español El País.
Las acusaciones se producen poco después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos denunciara en julio la existencia de una red de exfuncionarios chavistas que supuestamente desfalcó US$1.200 millones a PDVSA y lavó dinero con propiedades en Miami.
Este pasado lunes, el funcionario del Tesoro estadounidense Marshall Billingslea acusó al presidente Maduro de "corrupción voraz" y de operar una "cleptocracia".
El gobierno venezolano, por su parte, asegura que es víctima de un ataque de los "enemigos imperialistas" y atribuye la crisis económica por la que pasa el país y el mal estado de PDVSA a las sanciones impuestas por Estados Unidos.
En noviembre del año pasado, Maduro encargó la reestructuración de PDVSA al mayor general Manuel Quevedo, un militar sin experiencia en la gestión petrolera.
El presidente le encomendó la misión de aumentar la producción y de luchar contra la corrupción, lo que supuso el arresto de decenas de directivos relacionados con el sector, incluidos dos expresidentes de la estatal.
