El abogado defensor de los denunciantes del caso Karadima, Juan Pablo Hermosilla, confirmó que, junto a sus tres representados, reevaluarán las acciones judiciales que mantienen en contra del Arzobispado de Chile.

Tras conocer el contenido de la carta que el Papa entregó a los obispos chilenos esta semana en Roma, Hermosilla aseguró a La Tercera que “sin duda vamos a reevaluar las acciones legales, con los nuevos antecedentes que se conocen”.

Y es que la carta que el Papa hizo llegar a los obispos, con quienes se reunió en el Vaticano para abordar las acusaciones de abusos sexuales al interior de la iglesia chilena, se conocieron detalles del informe de Charles Scicluna y Jordi Bertomeu, quienes visitaron el país para recoger mayores antecedentes sobre las denuncias.

En ese sentido, se señala que "no pocos casos han sido calificados muy superficialmente como inverosímiles lo que eran graves indicios de un efectivo delito (...) se ha constatado la existencia de gravísimas negligencias en la protección de los niños/as y de los niños/as vulnerables por parte de los Obispos y Superiores religiosos".

Ante lo mismo, el jurista agregó que probablemente esto se haría en dos o tres semanas, una vez que hayan podido procesar con más calma lo que ha ocurrido durante estos días en la Iglesia chilena.

La transcripción completa del documento reservado que el Papa entregó a los obispos chilenos

El pasado martes 15 de mayo los 34 obispos chilenos que viajaron a Roma, Italia, tuvieron su primera reunión con el Papa Francisco, quien los citó luego de recibir los informes del arzobispo de Malta Charles Scicluna, que estuvo durante febrero en Chile recopilando antecedentes sobre las denuncias de encubrimiento en contra del obispo de Osorno, Juan Barros.

Actualmente Cruz, Hamilton y Murillo son los autores de la demanda civil -que fue rechazada en primera instancia- en contra del Arzobispado, por la responsabilidad de la Iglesia Católica en el encubrimiento de los abusos que cometió el ex párroco de El Bosque en su contra. Debido a esto, los demandantes solicitan un monto compensatorio de $450 millones.

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