Este lunes se cumple el plazo para que se concrete el desalojo voluntario de la denominada "toma VIP" en unos terrenos de Quillota, en la Región de Valparaíso.
Se trata de una medida que fue dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso y ratificada por la Corte Suprema que ordena que las personas que ocupan la propiedad de manera ilegal salieran de forma voluntaria hasta este lunes 17 de julio.
Sin embargo, de no hacerlo, hay un plazo de un mes para que sean desalojados de manera forzosa desde la toma Santa Rosa de Colmo.
El alcalde de Quillota, Óscar Calderón, señaló que "no vamos avalar ni justificar este tipo conductas ilegales, como es la usurpación de un derecho privado, en este caso los terrenos de Santa Rosa de Colmo, a nombre Easton Hevia y Compañía Limitada".
"Cuando se dio a conocer esta situación, hubo un desconocimiento de las acciones legales que podían realizar los afectados por la ocupación ilegal de estos terrenos privados, ya que se le exigía al Municipio realizar la desocupación de un terreno particular, algo que era legalmente imposible para un municipio, al no ser un bien nacional de uso público, por lo tanto, los orientamos desde un principio que este caso se debía zanjar a través de la justicia", relató.
En ese sentido, el jefe comunal sostuvo que este lunes "se cumple el plazo determinado por la justicia para que las personas que ocupan esta propiedad de manera ilegal salieran de forma voluntaria de los terrenos, desde lunes 17 de julio hay plazo de un mes para desalojarlos con la fuerza pública".
"Nuestro municipio ha realizado todos los procesos administrativos y legales competentes que determina la Ley, pero ahora el desalojo con fuerza pública depende de las instituciones gubernamentales y Carabineros", precisó el alcalde Óscar Calderón.
"Nos hemos reunido con ellos para conocer el procedimiento que se va establecer en este caso, ya que desde hoy hay plazo de un mes para ejecutar la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, ratificada por la Corte Suprema", comentó, al mismo tiempo que indicó que se enviaron oficios a las Seremis de Vivienda y Desarrollo Social, respectivamente, para conocer acciones definidas para atender a las familias luego que sean desalojadas de los terrenos, puesto que se procederá con la demolición de las viviendas emplazadas en el lugar.
"Estas acciones ilegales no pueden ser un cheque en blanco para quienes cometen un acto ilegal, más cuando hay personas que llevan años luchando para tener su vivienda, con esfuerzo, sacrificio y respeto", cuestionó.
Por otra parte, Claudio Easton, dueño del terreno tomado, dijo que "ha pasado algo más de un año desde que se inició esta toma en nuestra propiedad. Desde un comienzo fuimos alertados, desde el primer día, por vecinos de la zona de que estaba sucediendo y en ese mismo acto hicimos una denuncia en Carabineros".
"La autoridad en un comienzo pareció estar un poco desconcertada con la situación. Al parecer era algo nuevo a lo que se estaban enfrentando. Al poco tiempo se supo que lo nuestro no era solo un hecho aislado, sino que había bastante otras situaciones en el país y prontamente la autoridad adoptó una línea clara y comenzó a combatir esta situación", manifestó.
"Posterior a esto, hemos tenido muy buena acogida por parte de distintos estamentos del Estado. Desde la Municipalidad de Quillota, la Dirección de Obras, el Seremi, la Dirección Presidencial Provincial, Carabineros, la Dirección Presidencial Regional de Valparaíso y ciertamente el Poder Judicial que dictaminó a favor nuestro", enfatizó.
Por otra parte, Claudio Easton ratificó que "todos han respaldado nuestra posición y han comprometido su apoyo y bueno, hoy (lunes) se cumple el plazo que dictaminó la Corte para el desalojo voluntario de las personas que estaban ocupando el predio y de no ocurrir esto -y según señaló la autoridad- en un plazo máximo de 30 días se procedería a un desalojo forzoso".
"Como familia confiamos en la autoridad y esperamos que esto se materialice", cerró al respecto.
En esa línea, el delegado presidencial provincial de Quillota, José Raúl Orrego, confirmó que se han sostenido reuniones con distintas autoridades policiales, gubernamentales y locales para poder cumplir el fallo.
Y aclaró que "el desalojo va a ocurrir sí o sí y para ello estamos trabajando, realizando todas las coordinaciones necesarias para respetar el derecho de las personas y también para poder entregar el inmueble de nuevo a la familia a la cual había sido usurpada".
