"Se corre el riesgo de legislar apresuradamente y que la reforma no responda en su totalidad a la necesidad de potenciar y mejorar el sistema de Educación Superior del país", aseguró mediante un comunicado el denominado grupo G9, que agrupa a las universidades no estatales del Consejo de Rectores (Cruch), al referirse a la reforma al sistema que impulsa el gobierno y que fue aprobada en la comisión de Educación de la Cámara de Diputados.
Según los rectores de dichas casas de estudio, se deben corregir una serie de aspectos del proyecto de ley, haciendo hincapié en que "es motivo de preocupación que persista la omisión al estímulo explícito al desarrollo de las universidades regionales, perdiendo la oportunidad para impulsar políticas de descentralización y equilibrio territorial".
Además advierten que respecto al financiamiento, "la política de gratuidad debe plantear una fórmula más equilibrada que permita financiar adecuadamente el costo de la formación de pregrado considerando la duración real de las carreras. Financiar sólo la duración nominal afectará a los estudiantes y la calidad de las instituciones".
El proyecto de ley sigue su curso en el Congreso, mientras los rectores esperan que durante su paso por el Senado se consideren las observaciones propuestas.
