Más de nueve diputados de oposición enviaron una solicitud al Gobierno para poner urgencia a un proyecto de ley donde proponen implementar un modelo de segmentación en las cárceles, luego de los 3 homicidios que se registraron durante esta semana.
A raíz de los graves homicidios ocurridos esta semana en recintos penitenciarios de Concepción, Alto Hospicio y Puerto Montt, los parlamentarios extendieron la petición al Gobierno.
Mediante una carta firmada por diputados de la UDI, Renovación Nacional, Evópoli, Amarillos y Demócratas, los parlamentarios se dirigieron al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, solicitando que movilizara urgentemente el proyecto que busca modificar cuerpos legales para crear un protocolo sobre segmentación en las cárceles.
A través del escrito, los diputados explican que el modelo italiano de segmentación está inspirado en el régimen "41 Bis" que se ocupa en dicho país desde la década de los 80, donde las cárceles operan bajo un estricto sistema de aislamiento para quienes han sido condenados por delitos de alta gravedad.
La idea es que mediante el apartamiento de los delincuentes, estos no puedan seguir llevando las riendas de una organización o puedan provocar ni participar en motines que terminen en desenlaces fatales.
En la misiva, los parlamentarios explican en detalle cómo proponen que este protocolo penitenciario comience a operar. "Lo que proponemos es que los reos de mayor peligrosidad y que pertenezcan a organizaciones criminales y/o terroristas sean aislados del resto de la población penal, sin la posibilidad de que puedan compartir con ellos en espacios comunes, limitando incluso sus salidas al patio a un total de dos horas diarias", señala el escrito.
Junto con esto, los diputados explican que "los reclusos bajo dicho sistema podrán contar con un máximo de una visita al mes, la que siempre deberá realizarse en una sala debidamente acondicionada que impida cualquier tipo de contacto físico, además de otras exigencias".
Para cerrar, al final del escrito emplazan directamente a la administración de Boric, sosteniendo "si uno de los principales objetivos del Gobierno es mantener un control efectivo de las cárceles y evitar que las cárceles se terminen convirtiendo en verdaderas escuelas del delito, resulta indispensable avanzar en un proyecto de esta naturaleza".
La carta fue firmada por los diputados Juan Manuel Fuenzalida (UDI), Juan Antonio Coloma (UDI), Sergio Bobadilla (UDI), Ximena Ossandón (RN), Andrés Longton (RN), Jorge Guzmán (Evópoli), Miguel Ángel Calisto (Demócratas), Joanna Pérez (Demócratas) y Andrés Jouannet (Amarillos.
