La condena por infracción a la tutela laboral trajo como consecuencia para la Universidad de Chile, la prohibición de celebrar contratos con el Estado por un plazo de dos años, de acuerdo al artículo cuarto de la Ley de Compras Públicas.
La Casa de Estudios no cumple con los requisitos para ser proveedor de ChileCompra por lo que no puede vender servicios al Estado, ni participar de licitaciones a través del portal del mercado público.
Esto, como señala La Tercera, le imposibilita de postular a la licitación que hace el Ministerio de Desarrollo Social para realizar contratos emblemáticos como el de la encuesta Casen, actividades como capacitaciones y cursos cerrados para el sector público, de manera directa o a través del Hospital Clínico, y la realización de estudios de diversa índole, como, por ejemplo, de impacto medioambiental o de salud, mediante el Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos (Inta).
No obstante, hay otras áreas y servicios que no se verán afectadas, como el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre), del cual depende la PSU, o el Centro Sismológico.
