El Primer Juzgado de Letras de Calama admitió a trámite la denuncia que interpuso el Colegio Médico Veterinario (Colmevet) contra dos especialistas que inocularon a cerca de 100 personas con vacunas de uso canino como tratamiento para el coronavirus.
La vacuna utilizada fue la llamada "óctuple", que es diseñada para combatir microorganismos que atacan la salud de canes, por lo que podría provocar alergias y otros daños.
"Expusimos los hechos constitutivos de nuestro reclamo ético, pero de forma anonimizada y abstracta a nuestro Tribunal de Ética Nacional, quien nos indica que todo lo expuesto sugiere una conducta contraria a la ética profesional y nos recuerda también que es un deber ético de los dirigentes del Colmevet la de realizar lo que corresponda frente a casos de menoscabo y desprestigio profesional", señaló Diego Gallegos, abogado de Colmevet.
Y agregó: "Por esto, hicimos la presentación al tribunal de Calama, porque en el caso de la inoculación de personas con vacuna óctuple canina, tenemos la convicción que los médicos veterinarios involucrados transgredieron la ética profesional gravemente, experimentando en humanos, además de ofender a nivel nacional la reputación de la profesión médico-veterinaria".
Al respecto, el asesor legal explicó que la actual Constitución de la República, en su artículo 19°, entregó la jurisdicción ética a los colegios profesionales y a tribunales especiales, que nunca se constituyeron. Al no existir estos tribunales, cobra vigencia una disposición transitoria constitucional que entrega la competencia para conocer de reclamos éticos contra profesionales no colegiados a los tribunales ordinarios.
"Nuestros estatutos permiten rechazar una afiliación sólo en ciertos casos. Uno de ellos es que exista una sentencia en materia ética. Entonces, necesitamos esta sentencia para protegernos y poder rechazar la afiliación de estos profesionales. Agregar a lo anterior, que si se colegian tampoco podríamos juzgarlos por hechos anteriores a la afiliación, por lo que resulta inaceptable que exista impunidad, incluso en materia ética, respecto de la experimentación en humanos", sostuvo el asesor legal de Colmevet.
En Colmevet indicaron que, con esta acción, también, se busca llamar la atención de las autoridades, quienes no han aplicado las sanciones prescritas por el art. 20° de la Ley 20.120, que podría generar la suspensión o inhabilitación de profesionales que experimentan con seres humanos contraviniendo la norma vigente, denuncia que también el gremio realizó ante los tribunales y autoridades competentes.
Cabe recordar que el hecho ocurrió el pasado 20 de abril en una clínica veterinaria de la comuna nortina, donde el dueño del establecimiento, de iniciales C.P.C, escribió un informe considerando el hecho como un "tratamiento preventivo".
