La Fiscalía Regional de Arica confirmó que la Defensoría Penal Pública tiene en su poder “algunos sobres” con antecedentes de las personas que declararon como testigos protegidos en la causa que se lleva contra el clan Los Gallegos, el brazo operativo del Tren de Aragua en Chile.
La defensa de los imputados había solicitado conocer la identidad de las personas que declararon en condición de mantener su identidad reservada, a lo que el Juzgado de Garantía accedió, sin embargo, la Corte de Apelaciones acogió el recurso de la fiscalía para detener esta acción.
“Respecto a los antecedentes de que se alcanzaron a retirar algunos sobres ayer, esto es efectivo, están en poder de la Defensoría Penal Pública, la que debería hacer devolución de las mismas en las próximas horas, esperamos que de manera voluntaria, o deberíamos recurrir para que estos sobres vuelvan a poder del tribunal”, dijo el fiscal regional Mario Carrera.
El fiscal Carrera, ante esta situación, declaró que “urgen reformas” para proteger a víctimas, testigos y operadores del sistema judicial, en este caso que involucra a la peligrosa banda criminal Tren de Aragua.
“Esto no puede quedar a criterio de una persona en particular de Arica a Punta Arenas, sino que tenemos que tener una estructura que responda a las necesidades de las investigaciones contra el crimen organizado”, opinó.
En junio pasado, el Ministerio Público solicitó presidio perpetuo para once de los 44 detenidos que estarían vinculados al clan Los Gallegos, a quienes se le imputan distintos tipos de delitos.
Los Gallegos y el Tren de Aragua en Chile
La investigación de la Fiscalía de Arica y de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de la PDI estableció que el clan “Los Gallegos” era liderado por los acusados Yoneiker Paredes Fagundez, Jorve Galavis García y Misael Zambrano Jiménez, seguidos de acusados que cumplían distintas funciones en la estructura criminal, como encargados de cobrar las extorsiones (vacunas), tráfico de drogas, trata de personas con fines de explotación sexual y labores de seguridad y sicariato, entre otros roles.
De los 44 acusados, 36 corresponden a ciudadanos venezolanos, además de un colombiano y un dominicano y el resto corresponde a ciudadanos chilenos (35 son varones).
“Se trata de una mega investigación que ha permitido dar fuertes golpes contra el crimen organizado y dejar tras las rejas a acusados sumamente peligrosos. La etapa investigativa ya está concluida y ahora corresponde seguir su proceso en sede judicial, a través de un juicio oral en que presentaremos todo nuestro trabajo para acreditar la participación de los acusados y que sean sancionados por estos hechos”, dijo el jefe regional de la fiscalía.
