Este miércoles se reformalizó a tres carabineros acusados de haber cometido torturas y apremios ilegítmos en una comisaría de Peñalolén, en medio del “Estallido Social” de octubre de 2019.
Según explicó el fiscal Miguel Ángel Orellana, los hechos se remontan al 20 de octubre de 2019, cuando funcionarios policiales activos a la fecha cometieron golpes y la utilización de pólvora con el fin de “castigar” a detenidos.
En esa línea, confirmó que la reformalización de la investigación se dio por la aparición de nuevas víctimas y añadió que “se trata de tres imputaciones por el delito de tortura y una imputación por el delito de apremios ilegítimos”.
“En nuestra formalización original habíamos determinado tan solo cuatro víctimas, tres menores de edad y un adulto. Luego, con el devenir de la investigación, se pudo determinar que teníamos al menos seis víctimas, tres adultos y tres menores de edad. Eso hizo necesario formular, precisar los cargos respecto a los cuales se está investigando a estos ex funcionarios de Carabineros de Chile”, apuntó.
Por lo pronto se otorgó el plazo de 60 días para realizar la investigación.
“Esperamos que en el plazo de investigación de 60 días podamos reunir todos los antecedentes necesarios para ejercer la acción penal, acusar a los imputados y solicitar las penas que por derecho correspondan”, dijo.
Sobre lo mismo, apuntó que las eventuales condenas contemplan penas altas, pues el delito de torturas tiene una pena de crimen y apremios ilegítimos -los cuales están acreditados- tienen una figura agravada, por lo que también podría alcanzar una pena de crimen.
