La ley de Reforma de Educación Superior establece que las instituciones educativas tendrán un máximo para los aranceles de los estudiantes que no estén beneficiados con la gratuidad. Este tope establece que a los estudiantes del séptimo decil solo se les podrá cobrar el 40% del arancel regulado, mientras que a los estudiantes pertenecientes al octavo y noveno decil solo se les podrá cobrar un 60% del valor fijado por el Estado.

Ante esta medida, la Universidad Católica indicó, a través de su rector Ignacio Sánchez, que el deficit anual por esta medida podría llegar a los $2.800 millones de pesos, en donde la mayoría de al cifra se debería a al atraso de alumnos con gratuidad, ya que el beneficio solo se aplica a la duración formal de la carrera.

El rector de la universidad pontificia señaló que la fijación de aranceles en los estudiantes que no están afectos a la gratuidad “significa un riesgo muy grande para el desarrollo de las universidades. Es importante poder analizar en detalle los aranceles regulados considerando la calidad de cada uno de los programas universitarios, su planta de profesores, los laboratorios, la infraestructura y la investigación que se realiza en estas instituciones”.

Las universidades Finis Terrae (UFT) y Diego Portales  (UDP) también comunicaron que se verian afectadas por la fijación de aranceles. Cristian Nazer, rector de la UFT dijo a La Tercera, que por la fijación de aranceles de alumnos sin gratuidad la brecha sería de unos 970 millones de pesos al año, y que adicionalmente la “fijación de aranceles por sobre duración en la carrera, esta medida nos podría significar un déficit adicional cercano a los $ 500 millones”. A estos montos se debe sumar que la pérdida por las diferencias en la definición de aranceles para los estudiantes con gratuidad podría llegar a $ 3.860 millones”.

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