"El negocio de los niños", un nuevo reportaje de T13, evidenció las falencias que existen en los informes que determinan el ingreso de menores a distintos centros colaborativos del Servicio Nacional de Menores (Sename).
De acuerdo con esta información, los informes elaborados en los programas de diagnóstico ambulatorio (DAM) no son fiscalizados de forma externa y carecen de rigurosidad, ya que se logró comprobar que muchos de ellos son copiados para su uso en múltiples casos que involucran distintas realidades entre los niños y adolescentes.
Ante esto el ministro de Justicia, Hernán Larraín, afirmó que "el Sename está haciendo la supervisión extraordinaria de estos programas ambulatorios de manera de poder investigar y contratar cualquier irregularidad que en ellos pudiera haberse cometido".
La directora del Sename, Susana Tonda, afirmó que es un problema que les preocupa y que "tal como se planteó ayer" podrían constituir muchas cosas y tienen que investigarlo y analizarlo, razón por la que se encontraban en el Consejo de Defensa del Estado para pedir ayuda.
"Se ha planteado el Ministerio Público, y nosotros en el Sename estamos dedicados a trabajar, evaluar. Le estamos pidiendo ayuda también a Unicef, que nos ayude a evaluar todos los programas ambulatorios, estamos haciendo supervisiones extraordinarias y estamos abocados con mucha fuerza a ir mejorando junto con los organismos colaboradores, todas aquellas cosas que podamos mejorar para que de verdad el bienestar de los niños que están bajo protección este cada día mejor, esa es nuestra tarea", sentenció Tonda.
Por otra parte, el reportaje acusó una falta de fiscalización de entidades externas respecto de la rigurosidad de antecedentes e informaciones ligadas al menor que deben plasmar estos documentos. Según la investigación, son tres centros son los que concentran mayor cantidad de estos recursos: Opción, Ciudad del Niño y Mi Casa.
En relación a esto, el Ministerio de Justicia entregó los antecedentes al Ministerio Público para que investigue los hechos, con el fin de determinar si son constitutivos de delito.
