Este lunes, y tras nueve meses de gestiones, se llevará a cabo la última audiencia del proceso prejudicial llevado a cabo por los dueños de locales comerciales de Providencia que se vieron afectados por las inundaciones, generadas a partir de la salida del cause del río Mapocho, en abril de 2016, donde se encuentran involucradas las empresas Sacyr y Costanera.
Recientemente, a fines de enero, los tribunales resolvieron que tanto las empresas como el gobierno estaban obligados a exhibir contratos y documentos que podrían servir de base para definir los ejes de una eventual demanda por parte de los locatarios.
Para Jorge Sepúlveda, abogado de la firma CorreaGubbins, representante de los afectados, "ha sido una batalla judicial bastante larga y pesada. La verdad es que nuestros clientes están en una posición desmejorada respecto a estas dos grandes empresas, pero en definitiva estamos contentos con las resoluciones que se han dictado, y que nos han dado la razón".
Además, Sepúlveda añade que "esperamos que este lunes se cierre el círculo", para proceder a realizar la demanda en sí durante el mes de marzo, si es que no se llega a un acuerdo antes.
Por otra parte, Catalina Infante, dueña de la librería Catalonia (uno de los locales afectados), el proceso ha sido más desgastante de lo esperado, puesto que "sabíamos que iba a tomar su tiempo, pero nunca pensamos que todo iba a resultar tan lento".
Además, lamenta especialmente la actitud que han tomado las empresas involucradas, debido a "lo difícil que han hecho todo el proceso. No llegan a las audiencias, y con un montón de estrategias han hecho que el proceso sea aún más lento de lo que debería ser".
Para la librería, son cerca de $70 millones los que están en juego, en una causa que también incluye a la librería Takk, la tienda de discos Needle, y los restaurantes Nippon y Le Flaubert.
A las 9 de la mañana del lunes está presupuestado que comience esta audiencia, en el Noveno Juzgado Civil de Santiago ante Sacyr, bajo apercibimiento de arresto para entregar los últimos documentos solicitados, luego que Costanera Norte y el gobierno ya entregaran los escritos.
