Los jueces y ministros de las Comisiones de Libertad Condicional de las regiones de Biobío, Valparaíso y Metropolitana tendrán que decidir durante los próximos días si otorgan o no el beneficio de libertad condicional a Carlos Silva Valenzuela, Luis Miguel Carrasco Tapia, Hugo Gómez Padua y Cristián Andrés Vilos Valenzuela, cuatro condenados por crímenes de violación con homicidio cometidos contra dos niñas, un niño y una adolescente, entre 1998 y 2001.

En el caso de Gómez Padua, se trata del último criminal condenado a pena de muerte en Chile; luego de violar, asesinar y descuartizar a una niña de 10 años en Santa Cruz, en 1999.

Al año siguiente recibió la pena máxima. Sin embargo, mientras esperaba su ejecución la pena de muerte fue derogada en nuestro país (2001) y se reemplazó por el “presidio perpetuo calificado”, según el artículo 1° de la Ley 19.734, el que aún se encuentra cumpliendo.

De esta manera, con 76 años, Gómez Padua es uno de los cuatro condenados por crímenes de violación con homicidio que buscará acceder a la libertad condicional, petición que en junio del año pasado ya rechazó la Corte Suprema.

Aquel fallo consideró que “los fundamentos por los cuales la Comisión de Libertad Condicional optó por unanimidad rechazar la libertad condicional del amparado tienen relación con que éste no reunía las condiciones necesarias, que permitan demostrar que se encuentra corregido y rehabilitado para una adecuada reinserción social”.

Un ejemplo de este riesgo de reincidencia en el caso de Gómez Padua es que en 1976 fue condenado por violación con homicidio de una niña de 9 años en Colombia y, precisamente, gozaba de libertad condicional en su país cuando quebrantó el beneficio y entró irregularmente a Chile en 1995

Cuatro años después, cuando tenía 54, violó, asesinó y descuartizó a una niña de 10 años en Santa Cruz, en la región de O’Higgins. La pequeña fue golpeada con un palo en la cabeza y enterrada en el patio de su casa.

El 12 de mayo de 2000 fue condenado a pena de muerte, pero al año siguiente el gobierno del presidente Ricardo Lagos derogó dicho castigo, por lo que Gómez Padua pasó a cumplir una condena de presidio perpetuo. Con un mínimo de 20 años de cárcel antes de recibir cualquier tipo de beneficio penitenciario, hoy nuevamente postula a la libertad condicional.

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