Durante esta mañana, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos presentó un proyecto de ley para que personas con antecedentes penales puedan acceder a trabajos dentro del sector público.
Según Hernán Larraín, ministro de Justicia y Derechos Humanos, este proyecto corresponde a una reforma con la que el Estado se compromete a hacerse responsable con la tarea de la reinserción social de personas que han cometido delitos.
“Como Estado, tenemos que dar el ejemplo”, dijo Larraín.
El documento presentado por el ministerio indica que solo quienes hayan sido condenados por delitos simples puedan acceder a estos beneficios.
Esto incide tanto en personas que hayan cumplido condena en el sistema cerrado (privados de libertad), como en aquellos que han cumplido condena en el sistema abierto (penas sustitutivas como reclusión parcial, libertad vigilada).
Por lo tanto, quienes hayan cometido delitos graves como homicidio, parricidio, violación y asaltos, entre otros, no podrán optar a estas posibilidades de empleo.
Uno de los objetivos de este proyecto es incentivar a las personas con antecedentes para que estudien una carrera técnica o profesional, para acceder a un trabajo de calidad que les permita ganarse la vida dignamente.
