La vocera del Poder Judicial Gloria Ana Chevesich se refirió este miércoles al caso de la adolescente Ámbar Cornejo, quien fue encontrada muerta en Villa Alemana luego de una semana desaparecida y el principal sospechoso es un hombre que fue beneficiado por la libertad condicional otorgada en 2016, pese a que no había cumplido la mitad de su pena por un doble homicidio.
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La representante de la justicia se hizo cargo de las críticas que han surgido en contra del poder judicial por la muerte de la joven presuntamente a manos de quien era la pareja de su madre y había sido condenado a 27 años de prisión en 2005 por el asesinato de su ex pareja y el hijo de ella.
“A mí, y a todos los integrantes del poder judicial nos duele profundamente la muerte de una adolescente y estamos consciente de la crítica que se nos formula por haberse otorgado la libertad condicional a una persona a quien se le imputa participación directa en ese hecho”, expresó Chevesich a través de un video.
“La comisión de libertad condicional de la Corte de Apelaciones de Valparaíso en abril de 2016 otorgó la libertad condicional a varios internos que figuraban en una nómina que al efecto elaboró Gendarmería de Chile en base a criterios objetivos y conforme a la legalidad vigente a esa época”, explicó.
Chevesich se refirió a las falencias del Poder Judicial que, de todos modos aclaró, no siguen siendo las mismas de 2016 por la última modificación que se hizo en 2019, pero apuntó a la reinserción social como la principal deuda de la justicia.
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“La gran deuda del sistema penal chileno es lo concerniente a la ejecución de las penas, es decir, a lo relativo a la implementación de un proceso de seguimiento eficiente y eficaz de los condenados, mediante la labor de delegados que los acompañen en todo su proceso de reinserción social. Y la existencia de jueces y juezas de ejecución que puedan adoptar decisiones en torno a aquello”, dijo.
“El poder judicial siempre ha estado disponible para introducir modificaciones y perfeccionar la normativa que regla su quehacer. En el caso concreto, para establecer mejores estándares para otorgar la libertad condicional que permita un efectivo seguimiento de los procesos y el desarrollo y aplicación de las políticas de reinserción social”, agregó.
La ministra de la Corte Suprema explicó cómo ocurrió la libertad condicional que se le otorgó a Hugo Bustamante en 2016, pese a que contaba con un informe negativo por parte de Gendarmería, pero cumplía algunos de los requisitos como “una conducta intachable en el recinto penitenciario, haber aprendido bien un oficio si hay tallares y haber asistido con regularidad y provecho a la escuela instalada en dicho lugar.
“Los miembros de dicha comisión analizaron el cumplimiento de los requisitos respecto de aquellos internos que pidieron la libertad condicional, y se les concedió en forma unánime a aquellos que sí lo cumplían, lo que significa que aquellos debían seguir cumpliendo la pena impuesta pero en libertad”, detalló.
Chevesich aclaró que el decreto que regla la libertad condicional databa de 1925, y no experimentó grandes modificaciones sino hasta el año 2019, en que el procedimiento se hizo más estricto y objetivo. “Por lo tanto, el régimen legal actual no es el mismo que estaba vigente en el año 2016”, dijo.
