La investigación sobre una red de pedofilia en Chillán culminó con severas condenas para los involucrados, incluidos varios años de cárcel para el principal acusado, quien abusó sexualmente de su hijastra durante más de una década.
En el proceso, la Fiscalía reveló un detalle estremecedor: el condenado "programó" a la víctima desde los ocho años, sometiéndola a conductas que la joven llegó a aceptar como "normales".
El caso fue resuelto con la condena a presidio perpetuo para el hombre de 64 años, profesor particular y teólogo adventista, quien fue hallado culpable de violación y abuso sexual a su hijastra desde los 8 hasta los 19 años.
Junto a él, fueron condenados otros cuatro hombres, y anteriormente ya habían sido procesados nueve sujetos más. En total, la red pedófila fue conformada por al menos 14 personas, incluidos los líderes y los operadores de la organización.
El fiscal a cargo de la investigación, Richard Urra, detalló que el trabajo realizado por la Fiscalía fue exhaustivo y meticuloso.
Según lo detalla la investigación, se analizaron más de 16 mil imágenes de contenido sexual explícito y 134 videos con material pornográfico infantil. Además, se revisaron más de 600 conversaciones por redes sociales y se realizaron interceptaciones telefónicas durante 60 días, lo que permitió recolectar pruebas clave que llevaron a las condenas.
Modus operandi de los pedófilos de Chillán
Desde el Ministerio Público, se sostuvo que el condenado principal utilizó su cercanía con la víctima, primero como profesor particular y luego como pareja de su madre, para iniciar un proceso de manipulación psicológica desde temprana edad.
A los ocho años, la víctima comenzó a ser expuesta a conductas sexuales que el acusado le enseñó a aceptar como parte de su cotidianidad.
Esta manipulación no fue física, sino psicológica, como lo destacó el fiscal Urra: "La víctima estaba incapacitada para poner resistencia, pero no por razones físicas, sino por un control mental impuesto a lo largo de los años", afirmó.
El líder de la red pedófila, además de su condena a presidio perpetuo por violaciones y abusos, recibió otros 15 años de cárcel por la producción y almacenamiento de material pornográfico infantil.
Otros miembros de la red también fueron condenados a penas de entre 5 y 20 años de prisión por sus roles en la explotación sexual y la distribución de contenido ilegal.
Este caso pone de manifiesto la gravedad de la manipulación psicológica en situaciones de abuso infantil, y la importancia de un trabajo de investigación exhaustivo para desmantelar redes de explotación sexual.