Con los alegatos de apertura, esta mañana comenzó el juicio contra Nataly Casanova, Enrique Guzmán y Juan Flores, inculpados por los ataques con bombas en las estaciones de Metro Los Dominicos y Escuela Militar, y en la Primera Comisaría de Carabineros, ocurridos durante 2014, caso denominado Bombas 2.
Los imputados arriesgan penas desde los 10 años y un día hasta cadena perpetua simple, y se espera que el proceso se extienda al menos cuatro meses, tiempo durante el cual se presentarán más de 640 pruebas.
Al respecto, el fiscal metropolitano sur, Raúl Guzmán señaló que "aquel año y particularmente ese día (explosión en Escuela Militar) Chile cambió, lo que queremos es dar cuenta de las responsabilidades individuales y penales que le caben a cada uno de los acusados a través de un sinnúmero de pruebas. Lo importante es que en estos casos, donde han habido víctimas, personas naturales que han sufrido las graves consecuencias de estos hechos en sus propias personas, el daño sicológico que les ha causado, el día de hoy tengan respuesta por parte del Estado".
En tanto, el jefe de la división jurídica del Ministerio del Interior, Luis Correa, indicó que hay indicios de la presencia del delito terrorista, agregando que "los lugares donde fueron cometidos los hechos son lugares completamente públicos, y segundo porque entendemos que hay una elección muy potente de generar un temor que se materializa en un hecho super simple, el lugar donde son puestos estos artefactos explosivos".
La audiencia continuará el lunes a las 9.00 horas, donde se dará inicio a los alegatos de ambas partes, luego que hoy la magistrada diera cuenta de la apertura del proceso.
Los hechos
La colocación de un extintor explosivo en el Metro Los Dominicos se produjo el 13 de julio de 2014, el 11 de agosto ocurrió el bombazo en la sede policial (coincidiendo con otro ataque a una comisaria en El Bosque) y el 8 de septiembre de ese mismo año, la detonación en el Subcentro Estación Militar.
La investigación del caso se extendió por casi 24 meses, aunque luego del cierre una de las defensas solicitó su reapertura, a lo cual el tribunal accedió por un plazo de 30 días.
