Este martes en la tarde fue presentada la querella con que la Intendencia Metropolitana busca perseguir a quienes fueron responsables de los cuantiosos daños durante las tomas al interior del Internado Nacional Barros Arana (INBA), calculados en cerca de $400 millones.
En la ocasión, el intendente Claudio Orrego dijo que la serie de desmanes "es un atentado contra la educación pública. Lo que vimos ayer fueron delitos: hubo robo, hubo destrucción y alevosía".
En paralelo, defendió la decisión de recurrir al Consejo de Defensa del Estado para que los apoderados de los estudiante involucrados costeen las reparaciones. Esto, por medio de acciones civiles.
"Como los menores (de edad) no responden civilmente, queremos que los padres respondan civilmente", indicó.
La querella, dijo, "busca ponerle atajo final" a los hechos de violencia. "Si hay niños y niñas que creen que pueden destruir impunemente, es hora que sus padres se hagan responsables por sus hijos".