"No tenemos la posibilidad de realizar ninguna diligencia más en esa investigación", así de tajante fue la vocera de la Fiscalía, Marta Herrera para referirse al cierre de la investigación de la denominada Operación Huracán, que será analizada en la audiencia del 9 de febrero en el Juzgado de Garantía de Temuco, reiterando de esta forma que el Ministerio Público "no va a perseverar" en dicha investigación.

Tras una reunión de los fiscales que analizan las distintas aristas de la Operación Huracán con el Fiscal Nacional Jorge Abbott, la vocera indicó que "la Fiscalía no tiene antecedentes para seguir adelante con esta investigación, quiero reiterar que no significa que pensemos que no hay hechos constitutivos de delito, lo que tenemos claro es que no hay antcedentes que nos permitan seguir adelante que no estén contaminados, y en virtud de los antecedentes que estimamos que están contaminados, en virtud de esa evidencia, se genera otra investigación por obstrucción a la misma y falsificación de instrumento público".

Marta Herrera también aclaró que el cierre de la investigación no implica el sobreseimiento de la causa. "nosotros nos vamos a oponer al sobreseimiento si este se solicita, nosotros no estamos por decir que los hechos no son cosntitutivos de delitos o que no hay participación, lo que decimos es que no hay evidencia, si en algún momento contamos con evidencia que no esté contaminada, perfectamente podemos seguir adelante, ¿se puede hacer eso en este momento? No, en este momento no es posible hacerlo".

En tanto, al ser consultada sobre la declaración del general director de Carabineros en la arista de la supuesta manipulación de evidencia, la vocera del Ministerio Público se remitió a señalar que la diligencia se realizará próximamente de manera presencial y que será encabezada por el fiscal Palma.

Unificación de aristas

Por su parte, el fiscal Palma decidió durante esta jornada pedir la unificación de las aristas que tienen que ver con las filtraciones -que está bajo secreto por 15 días- con la que se refiere a la supuesta manipulación de evidencia, denuncia calumniosa, obstrucción a la investigación, violación de reserva e infracción a la ley de inteligencia del Estado.

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