La Corte Suprema defendió la decisión de otorgarle libertad condicional al principal sospechoso del asesinato del carabinero David Florido, que se produjo el pasado viernes en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en medio de un procedimiento policial.
El martes se conoció que el joven de 23 años, quien es buscado por la policía por ser el principal sospechoso del crimen, había sido condenado a ocho años de cárcel y, luego de cumplir cinco años accedió al beneficio de libertad condicional por buena conducta al interior del penal.
La ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, aseguró que el informe de Gendarmería que se presentó ante la Corte de Apelaciones, que fue el organismo que otorgó el beneficio cuestionado, tenía “algunos elementos que favorecían y otros que no favorecían a la persona”.
“Esto no ha sido una decisión apresurada ni ha sido una decisión de una comisión administrativa, sino que ha sido una sentencia judicial que es una sentencia pública, que se puede consultar y que tuvo que ver con procedimiento de amparo", explicó la ministra.
“También es importante decir que todo el régimen de beneficios, tanto los beneficios que se otorgan en las sentencias, como beneficios como es la libertad condicional, tiene una normativa y esa normativa se cumple", añadió.
La ministra de la Corte Suprema explicó que está dentro de las posibilidades que una persona que reciba este tipo de beneficios vuelva a cometer delitos, sin embargo, que el objetivo de estas medidas es intentar que las personas que están privadas de libertad se reinserten en la sociedad.
"No existe una posibilidad de que el proceso sea perfecto, previendo cada situación en el sentido de si podría volver o no a delinquir. Lo otro sería obviamente transformar el sistema en un sistema que no tenga beneficios, lo cual perjudicaría a personas que efectivamente se tienen que rehabilitar y lo hacen", enfatizó Vivanco.
“No podría haber una investigación administrativa porque es un fallo judicial, no es una decisión de Gendarmería, es una decisión del Poder Judicial y como digo, el Poder Judicial analiza las situaciones y los antecedentes que están a la vista en ese caso y en consecuencia no puede hacer una interpretación sobre futuribles", agregó.
Desde el gobierno, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró que pidió antecedentes sobre el caso y dijo que harían esfuerzos por entregarle más seguridad a las personas.
“Lo que no puede ocurrir ni instalarse en una sociedad es que las personas que cometen delitos finalmente están amparadas por un manto de impunidad y por lo tanto, la eficacia en la persecución penal y en la aplicación de las sanciones es muy determinante a la hora de brindarle seguridad a las personas", opinó la autoridad.
"Esa es una materia que debe ser revisada sin duda. Creo que la delicada decisión de entregar beneficios carcelarios a personas que han cometido delitos tiene que estar muy rigurosamente fundada y por lo tanto, si los informes técnicos no recomiendan la liberación de una persona, esa persona no debería ser liberada", añadió.
