El Juzgado de Garantía de Cañete rechazó la medida cautelar de prisión preventiva que pedía el Ministerio Público para los dos funcionarios de la Armada que están imputados por la muerte del comunero Yordan Llempi en Cañete, región del Biobío. 

El tribunal otorgó cuatro meses a la fiscalía para que realice la investigación sobre la muerte del comunero mapuche, y dejó detenidos tanto al teniente Luis Videla como al cabo Ricardo Seguel hasta que la Corte de Apelaciones resuelva los recursos presentados por los intervinientes.

"La Fiscalía Regional del Bío Bío considera que en la extensa y detallada presentación de las evidencias reunidas en la investigación encabezada por el fiscal Vigueras, que se prolongó por más de siete horas, se expusieron los antecedentes suficientes que justificaban que se les impusiera a los inculpados la prisión preventiva", dice la apelación de la fiscalía. 

"Con la convicción de que la privación de libertad es la medida cautelar proporcional a la gravedad del delito, el Ministerio Público buscará ante los ministros de la I. Corte de Apelaciones que se revoque la decisión del Juzgado de Garantía de Cañete", añade. 

Si bien la formalización estaba fijada para el martes de la semana pasada, el juez de garantía de la mencionada comuna, Cristián Rosenberg, -acogiendo el requerimiento de la defensa- resolvió postergar para el miércoles la audiencia de control de detención y formalización de cargos, que se extendió por cuatro días.

Llempi Machacán murió luego de recibir un impacto de bala cuando estaba en su domicilio en el sector de San Miguel, a un costado de la Ruta P 72-S, en Cañete, región del Biobío.

Fue durante la jornada del martes que la Fiscalía Regional del Biobío emitió un comunicado afirmando que se solicitó al Juzgado de Garantía de Cañete la orden de detención para un teniente 2° y un cabo 1° de la Armada de Chile.

Lo anterior fundado en "los resultados de las diligencias efectuadas por la Brigada de Homicidios y los peritajes del Laboratorio de Criminalística de la PDI".

Los imputados, pertenecientes a la Infantería de Marina, desempeñaban funciones en la provincia de Arauco, por el Estado de Excepción Constitucional, al momento de la muerte de Yordan Llempi Machacán.

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