La División de Prevención y Control de Enfermedades (Diprece), dependiente de la Subsecretaría de Salud del Minsal, publicó en julio del año pasado una oferta para estudiar las denominadas fiestas Chemsex, prácticas sexuales acompañadas de un alto consumo de drogas que se realizan en eventos sociales, buscando promover medidas de protección.
Sin embargo, un llamado a licitación por casi 50 millones de pesos puso bajo la lupa a la Diprece.
¿La razón? Según se lee en la licitación a la que tuvo acceso La Tercera, con el objetivo de conocer en terreno el comportamiento de los usuarios de drogas pertenecientes a diversos colectivos “LGTBI+ y no binarios de la RM” y con el fin de fortalecer las estrategias de prevención del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, la Diprece publicó el pasado 10 de julio una licitación para hacer investigaciones al respecto, las cuales debían ser de carácter etnográfico, es decir, empleando técnicas como la observación participante y las entrevistas cara a cara.
Y si bien estas investigaciones tenían como objetivo determinar la modalidad de estas fiestas, para poder generar políticas de salud pública, el estudio llamó la atención al interior del Ministerio. De hecho, de acuerdo con la publicación del periódico, generó dudas y críticas dentro de la cartera. El proyecto habría continuado sin tener el respaldo del comité ético del Minsal.
Según las bases de licitación, expuso La Tercera, los métodos y técnicas a utilizar para el levantamiento de información debían “resguardar la implementación de un enfoque comprensivo y participativo, basado en derechos humanos y resguardando la confidencialidad, que permita realizar una caracterización de uso de drogas y comportamiento sexual, a través de los discursos y observación de comportamientos de los propios participantes de eventos de Chemsex”.
En resumen, los investigadores debían ir y participar de estas fiestas como parte de la investigación. De hecho la misma licitación establece que los informes debían elaborarse a través de un trabajo desarrollado por “observadores-participantes” miembros de la comunidad LGTBI+ y no binaria.
Fuentes cercanas citadas por el periódico detallan que las “observaciones microetnográficas” debían realizarse en tres espacios diferentes: fiestas privadas, eventos asociados a circuitos comerciales y locales establecidos que favorecen y habilitan espacios para encuentros sexuales como bares, saunas y clubs. Ahí, de acuerdo con dichas fuentes, las observaciones debían quedar plasmadas en un “diario de campo”, donde los investigadores debían dejar un registro total y una “descripción densa” de su análisis de los espacios observados.
Exactamente diez días después de publicada la licitación, el 20 de julio, el Centro de Estudios Germina se la adjudicó por $49.763.500, para en un plazo de 12 meses realizar un estudio de carácter etnográfico; es decir, utilizar técnicas de observación participante y entrevistas cara a cara.
En tanto, en una reunión efectuada el pasado 23 de noviembre, los encargados del estudio dieron cuenta de dos hechos importantes, según fuentes del Minsal. Primero, les informaron a las autoridades que durante una de las observaciones uno de los investigadores fue agredido, y segundo, confirmaron también que aún no se ha iniciado la revisión ética que —según diversas fuentes citadas por el periódico— fue advertida por el gabinete de Salud Pública a la Diprece en más de una oportunidad.
Como eso no había ocurrido, los jefes de división respectivos acordaron al día siguiente suspender el trabajo de campo hasta que se tenga la aprobación de un comité ético, que hoy estaría en manos de académicos de la Universidad de Chile.
Desde el Centro de Estudios Germina declinaron referirse al tema, mientras que desde la Subsecretaría de Salud Pública indicaron a La Tercera que a pesar de los avances ya exhibidos, finalmente “el estudio mencionado no se llevará a cabo, hoy está en categoría de suspendido”, decisión que fue comunicada a la consultora el 24 de noviembre del año pasado, mientras que en enero de este año la Subsecretaría de Salud Pública pidió directamente terminar anticipadamente el contrato suscrito.
