El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, se refirió en Tele13 Radio a la polémica generada este miércoles en la comuna de La Florida en el marco de una nueva demolición de una denominada “narco-casa”.
Durante el operativo se registraron una serie de incidentes que obligaron a la actuación de Carabineros mientras que el alcalde, Rodolfo Carter, debió refugiarse en una iglesia del sector.
En tanto, el Ministerio Público instruyó la realización de un sumario luego que la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente emitiera un comunicado señalando que se “proporcionó de manera no oficial un listado de casas a la Municipalidad de La Florida que se encuentran vinculadas a investigaciones penales vigentes, judicializadas con personas formalizadas y algunos privados de libertad por delitos contemplado en la Ley 20.000 (Ley de droga) y otros ilícitos”.
Al respecto, el ministro explicó a Tele13 Radio que tiene “la impresión que lo que ha hecho el fiscal nacional, no conozco el detalle más allá del comunicado del Ministerio Público, es sumario que tiene por propósito verificar la forma y modo en que fue entregada esa información, sea porque se hizo correctamente, sea porque se hizo de un modo incorrecto”.
“Este es un antecedente que por lo menos yo desconocía, que es bien relevante si esa información se transmitió estando pendiente las investigaciones. Entonces, me parece... yo miraría la orden del sumario administrativo que hace el Fiscal Nacional sencillamente con el propósito de indagar si fue en condiciones correctas o incorrectas en que se entregó esa información porque para el Ministerio Público es bien sensible que antecedentes que forman parte de una investigación circulen con normalidad”, agregó.
Junto con eso, el ministro explicó que “no sabía cuál era el instrumento que estaba ocupando el alcalde Carter y me pareció ingenioso porque dije 'supongo que estará ocupando la ley general de urbanismo y construcciones', una de las atribuciones de autotutela más grande que tiene el sistema institucional chileno para la administración pública. En ese caso se puede requerir directamente el auxilio de la fuerza pública”.
“En esa misma oportunidad advertí que había que tener cuidado con esas soluciones ingeniosas cuando se pueden transformar en otro tipo de instrumento, creo que lo que sucedió ayer es que más que estar ejerciendo la atribución de la ley general de urbanismo y construcciones, se pudo haber transformado en un operativo policial y eso creo que son los riesgos que en su oportunidad advertí que podían suceder. Supongo que el alcalde con su equipo legal tendrán evaluado todo ese tipo de cosas”, aseveró.
