En octubre del año pasado, el Servicio de Impuestos Internos (SII) informó que 437 mil trabajadores dependientes presentaron diferencias entre el informe autodeclarado y los registros manejados por la entidad, de ellos 37 mil eran funcionarios públicos, los que no habían sido despedidos ni sufrido una baja en su sueldo.
La Tesorería Nacional de la República abrió dos procesos para arreglar el problema, el primero era para entregar antecedentes que comprobaran que a la persona si le correspondía el bono, el que estuvo abierto hasta el 31 de noviembre pasado, y el segundo era para anular la solicitud del dinero, lo que se podía realizar hasta el 31 de diciembre.
Ya cumplido el plazo, solo un 43% de los funcionarios públicos corrigió su situación, quienes pudieron devolver el dinero sin multas ni intereses, cosa distinta de ahora en adelante, ya que el proceso cursará multas y cobrará intereses por los dineros mal asignados, que en un principio corresponden a US$256 millones de dólares.
Según informa El Mercurio, en el sector privado son 328 mil personas las que no han regularizado su situación, es decir no entregaron nuevos antecedentes o la devolución del dinero.
El bono para la clase media correspondía a las personas dependientes que hubieran perdido su trabajo o se les hubiera disminuido el sueldo en al menos un 30%. La bonificación para enfrentar la pandemia en uno de sus momentos más complejos fue de 500 mil pesos por solicitante.
