A mediados de junio el Presidente Sebastián Piñera manifestó su apoyo a la política "rompe paga" que impulsaba el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, en los establecimientos educacionales que hayan resultados con daños en su mobiliario durante las tomas estudiantiles.
Un mes después, más precisamente este jueves, el Mandatario firmó un proyecto de ley para sancionar conductas antisociales y que precisamente toca esa problemática, ya que, entre otras cosas, sanciona "la quema, destrucción de colegios y establecimientos educacionales".
En lo referente a los colegios, la iniciativa pide que se aumenten las penas para los daños realizados en "colegios, infraestructura comunitaria y transporte público".
Asimismo, pretende establecer nuevas y mayores sanciones para quienes realicen rayados no autorizados: "Quien fije mensajes, firmas, dibujos, u otras figuras y expresiones en lugares públicos o privados. Sin embargo, se considera la posibilidad de sustituir la pena por la prestación de servicios a la comunidad, como una forma de revertir los males causados a la comunidad", dice una minuta del proyecto.
En este punto además se postula establecer mayores penas para quienes reincidan en la realización de rayados y elevar las penas si el inmueble afectado tiene carácter patrimonial.
Cierre de sitios eriazos y penalizar la acumulación de basura
La normativa propuesta no solo se refiere a los establecimientos educacionales, ya que también toca otras temas.
Uno de ellos corresponde a la acumulación de basura, práctica que se pide penalizar "si interfiere el paso o pone en riesgo la salud, afuera de su domicilio, en un espacio público, sitios eriazos o lugares privados de libre acceso al público".
En cuanto al consumo de alcohol, el proyecto pretende que se aumenten las penas para quienes lo hagan en la vía pública, en espacios comunes de edificios y condominios (salvo lugares autorizados como quinchos o salas de eventos). También pide prisión y multa para el comercio clandestino de bebidas alcohólicas y se pide castigar a los encargados de los locales que permitan o toleren el expendio clandestino, con facultades para que el tribunal decrete la clausura del local y el comiso de los bienes.
En el caso de las drogas se pide sancionar su consumo en espacios comunes de edificios y condominios.
La propuesta también pide el cierre de sitios eriazos: "Además, se dispone que, si se comete un delito en estos terrenos, no habiéndose cumplido con el cierre solicitado, el propietario de aquellos será solidariamente responsable de los perjuicios civiles provocados a la víctima", sostiene el documento.
Por último, sobre las casas abandonadas, la minuta asegura que la iniciativa busca establecer "un procedimiento para que cualquier persona pueda denunciar a la municipalidad respectiva, la existencia de propiedades abandonadas, para que ésta proceda a declararlas como tal. Particularmente si ello supone un riesgo para la seguridad ciudadana o un deterioro de la población".
