Una incautación de documentación del hospital de la Dirección Previsional de Carabineros (Dipreca) realizaron ayer funcionarios de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, junto al fiscal de alta complejidad de la zona oriente, José Antonio Villalobos.
La medidas se enmarca en la investigación por un presunto desfalco de $691 millones, a raíz de presuntas irregularidades en el pago de remuneraciones a médicos anestesiólogos, durante al menos 17 años. De acuerdo a los antecedentes del caso, se detectaron 37 mil horas pagadas sin que existiera una contraprestación. Lo anterior se traducía en que funcionarios habrían visto disminuida su jornada laboral en cerca de 10 horas.
Según consiga El Mercurio, las autoridades del recinto colaboraron con la fiscalía y entregaron los antecedentes al fiscal, quien investiga presunta malversación de caudales públicos. Las personas involucradas podrían ser más de 20.
El fiscal Villalobos explicó que "la ley establece especialmente penas muy rigurosas para los delitos de fraude al fisco y malversación de caudales públicos. Por los montos indagados se podría aplicar una pena de presidio mayor, es decir, desde cinco años y un día. Esto, dado que se trataría de dineros fiscales".
El matutino consigna que, junto con la incautación, se espera que en los próximos días se envien citaciones a las personas individualizadas en el sumario realizado por la propia Dipreca, dentro de los cuales se encuentran médicos y autoridades del hospital.
El CDE, que es querellante de la causa, pidió que se cite a declarar al coronel (r) de Carabineros Guillermo Vidal Varas, en su calidad de subdirector administrativo, y a Adriana Fernández Genskowsky, subdirectora administrativa. Junto con esto, pidieron que se oficie al hospital para que informe sobre el peridoo en que Miguel Luis Berr se desempeñó como subdirector médico y Angélica Silva fue jefa de anestiología.
