El Cuarto Tribunal Oral de Santiago condenó a las dos educadoras acusadas por la muerte de Lissette Villa en un Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread), a cuatro y cinco años respectivamente de libertad vigilada.
Pese a que la Fundación para la Confianza, que formó parte de la acusación contra las educadoras, pidió siete años de presidio para ambas mujeres, el tribunal les otorgó la libertad vigilada por no tener antecedentes penales previos.
Lissette Villa, de once años, murió en abril de 2016 y durante el juicio se logró acreditar que aquel día la menor fue víctima de distintos apremios ilegítimos con resultado de muerte, es decir, torturas aplicadas por varios funcionarios públicos.
El último de estos episodios ocurrió a las 20 horas cuando las mujeres realizaron una “contención” ante una descompensación de la niña, lo que según el Servicio Médico Legal provocó su fallecimiento debido a “asfixia por sofocación producto de compresión mecánica externa”.
El presidente ejecutivo de la Fundación Para la Confianza, José Andrés Murillo, se refirió a la pena tras la lectura de sentencia.
“No hay nada que pueda aliviar el dolor de la pequeña Lissette y de su familia. El hecho de que se condene este tipo de delitos de esta manera, me parece que es una señal. Sin embargo, la gravedad del hecho no se condice con la condena. El Estado también debe hacerse cargo, y no solo las personas involucradas directamente”, expresó.
