Este martes fue ingresado en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que busca dar una regulación a los vehículos que hacen transporte privado de pasajeros por intermedio de aplicaciones como Uber o Cabify.

El texto fue elaborado luego de una serie de protestas por parte de los taxistas contra esta modalidad de servicio y se consideró el informe realizado por la la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado tras escuchar a los actores involucrados.

Taxis versus Uber: ¿Cómo ha sido en el mundo la controversia que se desata en Chile?

El llamado abierto a unirse a Uber en Santiago fue en 2014. Desde entonces la aplicación tecnológica ha estado funcionando en la capital del país y en dos años ya ha logrado alistar a más de 25.000 conductores, desatando la ira de los taxistas. Pero, ¿de qué trata Uber?

En el proyecto hace referencia la legislación actual en la materia de transporte de pasajeros y se destaca que "algunas plataformas tecnológicas que han comenzado a operar en Chile lo han hecho al margen de esa regulación".

Luego, se indica que es necesario legislar y que la aparición de las aplicaciones "ha expuesto las falencias de los taxis, principalmente en aspectos de calidad y confianza".

A continuación te detallamos los aspectos claves del proyecto:

¿Qué hace el proyecto?

Registro obligatorio

De acuerdo a la propuesta del Ejecutivo, las aplicaciones como Uber o Cabify —operadores de plataformas tecnológicas— tendrán que registrarse de manera obligatoria ante el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Estas App's podrán utilizar taxis convencionales de techo amarillo o bien, con automóviles del Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros. Estos últimos deben cumplir estándares de confort y tecnología definidos por el ministerio.

Pago por kilómetro de las operadoras

Si una aplicación decide trabajar con vehículos que no son taxi, tendrá que pagar al Estado un monto en dinero por cada kilómetro recorrido.

Ese monto y la cantidad de "kilómetros disponibles" para las plataformas, será definido según diversos criterios por el Panel de Expertos del Transporte Público, la misma instancia que asigna la tarifa del Transantiago. Además, el panel podría condicionar o eximir el pago bajo ciertas circunstancias de tiempo, horario o zonas de aplicación.

Traspaso de información

Las aplicaciones deberán proporcionar al Ministerio de Transportes los datos relativos a los viajes como lugares de recogida y bajada de pasajeros, duración y la evaluación que hacen los usuarios para cada servicio.

Licencia profesional y sanciones

Con la nueva ley, se igualaría la exigencia de licencia profesional (A-1, A-2 y A-3) para los conductores de taxis y otro tipo de vehículos dedicados al transporte de pasajeros. Quienes no pertenezcan al Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros se exponen a la suspensión de su licencia de conducir.

Según corresponda, a una aplicación infractora se le podría eliminar del Registro de Plataformas Tecnológicas o a un automóvil del Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros. De esta lista también serían borrados aquellos vehículos cuyo conductor registre antecedentes penales por determinados delitos o por cobros tarifarios indebidos.

Fondo para la innovación

Con el dinero recaudado por el cobro por kilómetro, se creará Fondo para la Innovación del Transporte Remunerado de Pasajeros.

Según explica el proyecto, estos fondos podrán ser utilizados para "incorporar tecnologías en los vehículos que permitan un  uso más eficiente del espacio vial y mejoren las condiciones de accesibilidad y movilidad; a renovar vehículos que presten servicios de taxis por otros que incorporen tecnologías más eficientes y mejoras en seguridad; y a retribuir la adquisición de taxis en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros, cuando corresponda".

El proyecto ingresado este martes

 

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