Un llamado a diálogo y realizar peticiones dentro del marco legal realizó el ministro de Justicia, Hernán Larraín, al referirse a la huelga de hambre que mantiene un grupo de comuneros mapuche que cumplen medidas de reclusión en la cárcel de Angol.
El ministro remarcó que las manifestaciones se han dado en diversos puntos del país, admitiendo que en algunos casos -como el del machi Celestino Córdova- "hemos tenido éxito, porque las peticiones que se han hecho, corresponden a peticiones que se enmarcan dentro de las normas penitenciarias vigentes, y hemos podido dar curso a esos requerimientos".
"Pero en otros lugares, como es el caso de Angol, las peticiones -he estado reunido en el día de ayer con ellos- exceden lo que Gendarmería o este Ministerio pueden hacer. Es decir, peticiones que van más allá de la normativa legal y reglamentaria que existe", manifestó en relación a uno de los puntos que demandan los comuneros: poder cumplir sus condenas en sus comunidades, en conformidad al convenio 169 de la OIT.
En relación a estas demandas, Larraín manifestó que "hemos manifestado nuestra voluntad de adecuar nuestro sistema de justicia penal, nuestro sistema penitenciario, a compromisos internacionales como los que establece el Convenio 169 de la OIT, que tiene una mirada especial para quienes están privados de libertad y pertenecen a los pueblos originarios".
Sin embargo, el ministro acusó "intransigencia" por parte de los huelguistas, señalando que para que el diálogo tenga resultados "se requiere de dos partes, y nosotros hemos puesto la nuestra".
"Pero no podemos hacer diferenciaciones indebidas como, por ejemplo, asegurarles una libertad o un cambio de la medida cautelar, o simplemente cambiar de unidad penal, u obtener beneficios, si no cumplen con los requisitos, porque los requisitos son iguales. La ley es pareja para todos", remarcó.
Es por ello que dijo hizo un llamado a deponer la huelga, "porque aquí hay vida de personas que están en juego, y nosotros respetamos y tenemos la responsabilidad, porque son personas que están bajo la custodia del Estado, de cuidar la vida y salud de esas personas y, ciertamente, vamos a cumplir con eso porque no se puede poner en riesgo, por peticiones indebidas, la vida de nadie".
