El suspendido ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Emilio Elgueta, presentó un recurso al Tribunal Constitucional (TC) respecto del sumario administrativo que está tramitando la Corte Suprema en su contra.
El pasado martes, el pleno del máximo tribunal aprobó la apertura de un cuaderno de remoción contra el suspendido juez de alzada. Esto debido a que la magistrada de la Suprema, Rosa María Maggi, en su rol como ministra instructora en esta indagatoria, formuló cargos contra él por tráfico de influencias y faltas a la probidad.
En el documento de 31 páginas ingresado ayer y obtenido por Biobío, Elgueta cuestionó ante el TC la legalidad de la suspensión de cuatro meses, argumentando que el alto tribunal carece de las atribuciones para dictar el auto acordado o acta por el que se determinó este tipo de sanción económica, la que calificó de arbitraria y que vulnera el derecho de igualdad ante la ley.
"La señora Ministra Investigadora ha incurrido en una capital e insalvable irregularidad, cual es, que ha formulado cargos al suscrito en la presente pesquisa en forma manifiestamente extemporánea, esto es, fuera de todos los plazos ordenados por la Excma Corte Suprema", señala el texto.
Además, hace referencia a lo sucedió con las pruebas encontradas en la casa del fiscal Sergio Moya, luego de un allanamiento ordenado por el fiscal Carlos Palma.
"No se puede dejar de mencionar que en el domicilio del señor Fiscal Moya haya sido incautado por otro Fiscal entre otras cosas partes del equipo computacional que fue allanado en la Corte de Apelaciones de Rancagua, vulnerando abiertamente y con total desprecio las normas que gobiernan la cadena de custodia", declara.
La tramitación del recurso quedó en manos de la Segunda Sala del Tribunal, lugar donde la próxima semana será visto. Cuando lo acoja a trámite, tendrá que resolver si accede o no a la suspensión que solicita Elgueta.
Además de la investigación administrativa que se está realizando en su contra, también se abrió una arista penal contra el juez de alzada.
El pasado 26 de abril, la Fiscalía Regional de O’Higgins, a través del fiscal de alta complejidad, Sergio Moya, formalizó al juez por los delitos de prevaricación y enriquecimiento ilícito.
