Este miércoles, la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM) solicitó que se realice un informe actualizado para determinar la situación procesal penal de las personas que se encuentran imputadas por su presunta participación en hechos ocurridos durante el “Estallido Social” de octubre de 2019.
Los jueves solicitaron el catastro que contemple los datos del Poder Judicial y el Ministerio Público, pues, según aseguró el el juez penal Mauricio Olave, estos dos organismos “mantienen las estadísticas de todos los delitos que se cometen en Chile y que son conocidos por los tribunales”.
“Nos parece necesario que se sepa cuál ha sido la misión y la labor que han cumplido juezas y jueces de garantía y orales en lo penal en este período y que se determine con precisión el número de personas que se encuentran en prisión preventiva y a la espera de un juicio si es el caso”, agregó Olave.
Por lo mismo, el juez Mauricio Olave afirmó que “esperamos que esto pueda ser debatido al interior del Pleno del Máximo Tribunal y que pueda pedírsele al Ministerio Público el cruce de información que permita a la ciudadanía tener una visión panorámica correcta de un tema muy sensible y que nos preocupa”
La petición ocurre luego que se reinstalara el debate sobre los denominados “presos de la revuelta” e incluso el concepto de “prisión política”, algo que tomó relevancia a raíz de la declaración aprobada por la Convención Constitucional.
