La comisión investigadora por las pensiones irregulares en Gendarmería aprobó el informe final de su trabajo. En el documento se propone solicitar al Consejo de Defensa del Estado (CDE) la evaluación de acciones judiciales para invalidar 544 “jubilazos” a ex funcionarios de la institución.

El informe final aclara que la Contraloría ha invalidado hasta la fecha solo 11 pensiones por sobre el tope de las 60 UF,  sin que se confirme aún los procesos de revisión sobre la totalidad de las 544 pensiones anómalas detectadas.

Fue precisamente el presidente de la comisión, el diputado socialista Leonardo Soto, quien instó en el documento esta petición.

"Creemos que ante la magnitud de las irregularidades y el millonario perjuicio fiscal involucrado, sería inentendible mantener la inmensa mayoría de estas pensiones irregulares tal como están. Esperamos que se consideren las recomendaciones de este informe y se adopten las medidas judiciales para terminar con todos los abusos", señaló Soto.

La Contraloría, como lo indica el texto, no ha invalidado las pensiones irregulares en su totalidad, puesto que superan el plazo establecido para ejecutar la acción, que es de dos o más años de anterioridad.

Es por eso que la redacción final que hizo la comisión investigadora expresa que la situación tiene que ser supervisada. “El tenor de las irregularidades involucradas, y el millonario perjuicio fiscal que causan, le corresponde a la autoridad adoptar las medidas necesarias para restablecer el derecho transgredido, y por tanto, solicite que se estudie el inicio de las acciones judiciales tendientes a la nulidad de las pensiones referidas".

Soto recordó que los Tribunales de Justicia "pueden invalidar actos administrativos irregulares e ilegales sin la limitación de este plazo".

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