El ex comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba fue procesado este martes por la causa que investiga la ministra en visita Romy Rutherford, sobre el aumento de su patrimonio.

Según detalló el Poder Judicial, el general (R) fue notificado de la investigación por presunta malversación de caudales públicos por un monto aproximado de $3.500 millones, monto actualizado de los $2.980 millones de presunto perjuicio fiscal estimado al año 2014.

"Los antecedentes de los viajes realizados por el encartado Fuente-Alba aportados por la Bridef a fojas 1945 que no solo dan cuenta que éste viajó en sus comisiones de servicio acompañado de su cónyuge sino, además, de los altos valores pagados por la Comandancia en Jefe con ocasión de estos viajes, lo que los incluía a ellos y a su comitiva, tanto en cuanto a tickets aéreos, como alojamientos y traslados", señala la resolución.

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Tras ser notificados del procesamiento, la abogada del ex comandante, Joanna Heskia, afirmó que  "ahora lo que nos corresponde es estudiar el autoprocesamiento para ver que diligencias y qué vamos a hacer nosotros como su defensa".

"No hemos tenido acceso al autoprocesamiento, solamente se nos leyó la parte resolutiva que dice malversación de caudales públicos, ahora nos vamos a tomar el debido tiempo de leerlo, es un autroprocesamiento largo, de más de 80 páginas", detalló.

Tras ser notificado, Fuente-Alba quedó en prisión preventiva en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén, medida que su defensa buscará revertir este miércoles.

 

Fuente-Alba permanece arrestado desde el 14 de febrero en el Regimiento de Policía Militar de Peñalolén. El lunes, el ex comandante declaró por tercera vez en el marco de esta causa, en un interrogatorio que duró cerca de cinco horas. 

A la indagatoria por el presunto aumento irregular de su patrimonio, Fuente-Alba enfrenta otra indagatoria, referida a su presunta responsabilidad en la gestión de viáticos y compra de pasajes al extranjero para oficiales del Ejército y que habrían sido destinados para uso personal de los funcionarios. Una arista que surgió en el marco de la indagatoria por presunto fraude a la ley reservada del cobre. 

 

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