La Fiscalía lleva una investigación a cabo por el uso fraudulento de TAG que afecta a 11 personas. Esto, porque han denunciado cobros millonarios en las autopistas de Santiago sin siquiera tener autos.
Los hechos ocurrieron cuando una usuaria reportó que su madre comenzó a recibir llamados advirtiéndole sobre millonarios cobros por el uso de TAG. Algo que la denunciante señala que es imposible, pues su mamá no tiene auto y ni siquiera sabe manejar.
Al comenzar a investigar, dieron con la automotora donde supuestamente las personas afectadas habrían solicitado el TAG. Se trata de la empresa automotriz Julio Infante.
La sorpresa fue mayor cuando el propio dueño de la automotora, Julio Infante, señaló que había sido contactado por otras personas que estaban denunciando el mismo hecho.
Infante, expresó que "ha venido a verme gente que no tiene auto y me dicen que tienen deudas con la autopista por más de 4 millones".
"Fuimos a averiguar y nos dijeron que acá en la automotora habían pedido un TAG a nombre de estas personas y se está usando. A muy pocos días me llamó otra persona contándome lo mismo", relató.
El delito lo habría cometido una mujer que trabajaba como secretaria de la automotora durante el segundo semestre del 2023.
“Esta persona que trabajaba conmigo podía pedir TAG con RUT de personas que se habrá conseguido y se lo vende a un tipo que usa autopista por 4 o 5 millones, entonces por poca plata ese tipo anda sin pagar 'ni uno' y le tiran el cargo a otra persona” detalló Infante.
La secretaria habría usado documentación de personas que jamás compraron en la automotora. “Son autos que no hemos vendido, nunca estuvieron en la tienda (…) y estas personas nunca fueron clientes tampoco”, añadió el dueño de la automotora. .
A raíz de esto, la automotora presentó una querella en contra de la mujer -que renunció a finales de 2023- por uso malicioso de documentos privados.
En total, existen 11 personas afectadas por un monto que alcanza los 40 millones de pesos debido al uso de TAG en autopistas de la Región Metropolitana.
De acuerdo a lo que señaló el académico de derecho de la USACH, Luis Bobadilla, “lo que deben hacer las víctimas es sumarse a la denuncia que está formuló la automotora ante el Ministerio Público”.
Desde la Asociación de Concesionarias señalaron que durante el proceso investigativo, “los cobros a los usuarios afectados, derivados de estas operaciones fraudulentas, se han congelado a la espera de los avances en las investigaciones”.
En tanto, la Fiscalía Oriente lleva a cabo una investigación para esclarecer y determinar a los responsables de los hechos.
