El pasado jueves 21 de marzo, funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de la Región de La Araucanía conocieron nuevos antecedentes sobre una denuncia recibida durante el estallido social, inconsistentes con el testimonio presentado el 23 de octubre del 2019.
El INDH informó que presentó a los tribunales un decreto para desistirse de la querella, además, interpuso una denuncia para que el Ministerio Público determine las responsabilidades sobre el denunciante y ofició al Ministerio del Interior para adoptar las medidas que estime pertinentes.
Según el comunicado del INDH, el denunciante atribuyó lesiones a agentes del Estado, que en verdad correspondían a los efectos de un accidente de tránsito ocurrido días antes de la denuncia.
"El INDH condena categóricamente esta transgresión a la fe pública, y que también vulnera la buena fe con que nuestra institución actúa para acoger a las personas que denuncian vulneraciones de sus derechos en nuestro territorio", detalla el comunicado firmado por la directora del INDH, Consuelo Contreras.
Gobierno responde a los antecedentes del INDH
Por su parte, el Gobierno del Presidente Boric envió un comunicado que expresa que de ser cierto lo planteado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos "se estaría vulnerando la fe pública y dando un uso abusivo a un beneficio concebido para reparar a víctimas de la acción del Estado".
Además, el Presidente Boric solicitó los antecedentes para reevaluar inmediatamente la pensión de gracia.
"El Gobierno solicitará al Consejo de Defensa del Estado evaluar las acciones que en este caso correspondan", que podrían significar presentar una querella por obtención fraudulenta de prestaciones del Estado. Asimismo, el Gobierno solicitará evaluar las acciones para "obtener la restitución de los pagos".
