La pandemia llegó a cambiar la forma en que funciona el mercado laboral y puso el cuidado sanitario en el centro de la preocupación de empresas y autoridades. De hecho, en el proyecto de reajuste salarial de los funcionarios públicos que ingresó esta semana al Congreso, el Gobierno decidió incorporar algunos artículos para extender la figura del teletrabajo en el sector, una modalidad que previo al Covid-19 estaba acotada a contadas instituciones.
Como primer punto, se plantea aplazar el trabajo remoto en la Dirección de Compras y Contratación Pública, en la Superintendencia de Seguridad Social y en el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
“Para los años 2021 al 2023, se prorroga la facultad a los jefes de superiores de las instituciones antes señaladas, para eximir de control horario hasta el porcentaje de dotación máxima de personal de sus respectivos servicios, que mediante resolución autorice la Dirección de Presupuestos”, dice el texto legal.
Se precisa, además, que dichas instituciones deberán respetar el derecho al tiempo de desconexión de aquellos funcionarios eximidos del control horario de jornada.
Planes de trabajo a distancia
La iniciativa también autoriza, pero hasta 2022, al Fondo de Solidaridad e Inversión Social, a la Comisión Nacional de Riego, a la Dirección Nacional de Servicio Civil, a la Superintendencia de Salud, a la Superintendencia de Pensiones y al Servicio Nacional de Pesca y Agricultura a crear planes de trabajo a distancia.
“Una resolución del jefe de servicio respectivo, visada por la Dirección de Presupuestos, regulará el ejercicio de esta potestad. Los funcionarios que participen voluntariamente de este plan deberán suscribir un convenio que fijará las condiciones que deberán cumplir durante su permanencia en dicho programa”, dice la propuesta.
A los funcionarios de estas instituciones también se les deberá respetar el derecho de desconexión.
La Contraloría General de la República es otra de las entidades a la cual el Ejecutivo facultó a extender su plan de operar a distancia.
Pero el teletrabajo no es lo único. El proyecto, además, considera un artículo que establece que la Dipres monitoreará todos los servicios y entidades en los que el Estado participa.
“Se contempla un nuevo deber de información para los órganos y servicios públicos incluidos en la Ley de Presupuestos, las municipalidades, las universidades estatales, las empresas públicas creadas por ley y las empresas del Estado y sociedades en que éste tenga participación accionaria superior al 50% o mayoría en el directorio”, dice el texto.
Todos los nombrados, se indica, “deberán enviar a Dipres, la nómina de trabajadores, indicando las remuneraciones y demás contraprestaciones en dinero efectivamente pagadas”.
Reajuste salarial
Al contenido descrito se suma el mismo reajuste salarial de 2,7% nominal planteado por el Gobierno para las rentas mensuales de hasta $1,5 millón, el que fue rechazado ayer por la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados por siete votos en contra y seis a favor.
Esto dejó en mal pie el proyecto del Ejecutivo, que lo deberá reponer cuando sea analizado en la Sala de la Cámara Baja, lo que ocurría al cierre de esta edición.
Esto ocurrió luego que el proyecto no fuera sometido a votación en forma inédita por la comisión de Trabajo, debido a un acuerdo de los comités parlamentarios, lo que generó la molestia de los integrantes de este grupo.
El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, defendió el reajuste y los bonos afirmando que se vive un año especial y que “hay que recordar que la plata del Estado no viene de Marte, viene de las personas que hoy han tenido una merma en los ingresos, por eso hemos planteado que tiene que ser un reajuste especial”.
Sobre el bono a los trabajadores de la salud por el combate a la pandemia, la autoridad sostuvo que la administración Piñera se abrió a esa medida y que se está discutiendo con los gremios para hacer una propuesta con posterioridad.
Luego del trámite en la Cámara de Diputados se espera que el Senado analice la próxima semana la iniciativa, donde los representantes de la ANEF, encabezados por José Pérez, señalaron que seguirán intentando recuperar el poder adquisitivo en el marco del reajuste que finalmente se apruebe.
