El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos anunció la presentación de un proyecto de ley que autorizará la expulsión de extranjeros que hayan sido condenados por drogas en nuestro país.
La propuesta presentada por la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, tiene como objetivo reducir el hacinamiento en las cárceles chilenas, revirtiendo los efectos de prohibición para las personas extranjeras condenadas por infracción a la ley 20.000 de poder acceder a la pena sustitutiva de expulsión del país.
Quienes calificarían para las nuevas condiciones propuestas, no pueden tener a su haber condenas por ley de drogas superiores a los cinco años y un día. De esta manera, la persona a la que se le aplique la expulsión judicial no podrá regresar al territorio nacional en un plazo de 10 años; y en caso de que lo haga, deberá cumplir el saldo de pena privativa de libertad.
“Nosotros queremos tener esta discusión con altura de miras, buscando resguardar la seguridad de las comunidades receptoras, y también alivianar la carga que significa la cantidad de estas personas condenadas en los recintos penitenciarios del país”, explicó la ministra Ríos.
Con esta iniciativa se busca, además, descongestionar los recintos penitenciarios del país con foco en la seguridad tanto de los internos como del personal de Gendarmería.
La población migrante recluida en cárceles se ha incrementado y se concentra en el norte del país: De acuerdo con Gendarmería de Chile, ha crecido desde un 3,7% en el año 2013 a un 10,3% a abril del presente año (4.298 personas extranjeras).
Asimismo, del total de personas extranjeras recluidas en centros penitenciarios, el 86% se encuentra recluido en las regiones de Antofagasta, Arica y Parinacota, Atacama, Tarapacá y Metropolitana, siendo el Centro Penitenciario de Alto Hospicio el recinto que alberga a la mayor cantidad de personas extranjeras.
