"Lamentamos esta decisión", señaló hoy la ministra vocera de Gobierno, Paula Narváez, al referirse a la decisión del Juzgado de Garantía de Temuco, que esta mañana decidió mantener la prisión preventiva a los cuatro comuneros mapuche que se mantienen en huelga de hambre, imputados por el atentado incendiario a una iglesia evangélica de la comuna de Padre Las Casas en 2016. Esto, pese a la solicitud del gobierno de modificar la medida cautelar por una menos gravosa.
Al respecto, Narváez señaló que "nosotros por cierto lamentamos la decisión que se ha tomado en ese sentido, al hacer esa solicitud nosotros estábamos poniendo por sobre todo nuestra preocupación por preservar la integridad física de los huelguistas, estamos preocupados por su situación precaria de salud y fue por eso que nos ha motivado como gobierno hacer esa solicitud al tribunal".
La ministra agregó que "el tribunal ha resuelto lo que hoy día se conoce, que es rechazar esta solicitud de disminución de intensidad de las medidas cautelares, decisión que nosotros lamentamos y que estaba también fundada en este principio de protección a la vida, pero también fundada desde el punto de vista procesal".
Abogados piden al gobierno recalificar la querella
Por su parte, la abogada de uno de los comuneros en huelga, Pamela Nahuelcheo, pidió al gobierno recalificar la querella tras una reunión con el ministro del Interior, Mario Fernández. "Ellos (gobierno) lo van a estudiar, se va a hablar con la Presidenta, para que pueda recibir a las familias, los huelguistas están en un grave estado de salud", dijo la abogada.
En tanto, el abogado de Benito Trangol, el comunero que se encuentra en huelga seca, puntualizó que "hay buenas razones jurídicas, políticas y humanitarias para acceder a las demandas de los comuneros, jurídicamente porque Chile ha sido conminado por cortes internacionales en cuanto a que la aplicación de la ley antioterrorista a comuneros mapuche resulta discriminatoria".
