Polémica causó la decisión de un juez que dejó en libertad a los 23 imputados que serían parte de una banda de narcotraficantes de Ovalle, región de Coquimbo.
Los sujetos fueron imputados por asociación ilícita, tráfico de drogas y lavado de activos. Sin embargo, tras pagar una fianza de dos millones de pesos cada uno, quedaron en libertad.
El juez Luis Muñoz Caamaño estableció que “no se han prestado antecedentes suficientes que den cuenta del lavado de activos, que consiste precisamente en blanquear el dinero; es decir establecer una actividad supuestamente ilícita de donde provengan los dineros de los cuales se les puede atribuir esa ganancia”.
Sin embargo, la Corte de Apelaciones de La Serena acogió la solicitud del Ministerio Público ordenó la detención de los 23 imputados.
Una mujer de 25 años fue detenida en Guanaqueros, región de Coquimbo, tras un control policial.
Gobierno evalúa solicitar que juez se inhabilite
La Ministra del Interior, Carolina Tohá, manifestó que “el Gobierno se hizo parte de esta causa, es interviniente actualmente y nuestros equipos jurídicos están evaluando la posibilidad de solicitar al juez que se inhabilite en lo sucesivo, en lo que se refiere a ver esta causa”.
“Es una evaluación que estamos haciendo porque ya la situación que se provocó genera hacia el futuro que nos importa, porque esta investigación está en proceso, tiene que haber un juicio y tiene que haber finalmente una condena”, agregó.
“Hoy día ha quedado en una posición frágil después de lo que hemos vivido en los últimos días”, concluyó la ministra.
Anteriormente, la Ministra Tohá ya había cuestionado la decisión del Tribunal: “Nosotros nos preocupamos porque claramente estas personas son peligrosas y la prisión preventiva está precisamente para sacar de circulación a personas peligrosas. Nos cuesta mucho entender decisiones de este tipo”.
