El subsecretario del Interior, Luis Cordero, volvió a defender el proceso de regularización de migrantes que se hayan empadronado que está estudiando el Gobierno de Gabriel Boric, y aclaró que el Ejecutivo no está pensando en iniciar otro proceso de empadronamiento.
Recordemos que desde el 2018 hasta febrero de 2024 los migrantes que estuvieran en situación irregular podían acudir a la Policía de Investigaciones (PDI), que junto con el Servicio Nacional de Migraciones estaban tomando sus datos biométricos para conocer sus antecedentes.
Este proceso, según confirmó el subsecretario Cordero, ya expiró y el gobierno no tiene pensado impulsar uno nuevo para incorporar a más migrantes.
“El Estado de Chile no tiene pensando, durante esta administración, ningún empadronamiento. El proceso de empadronamiento ya se realizó, venció en febrero de 2024, se hizo en un proceso transparente y las personas voluntariamente accedieron”, recalcó Cordero.
“Aquellas personas que no accedieron al proceso de empadronamiento están en incumplimiento de la legislación migratoria y, en consecuencia, procede a aplicar la ley en estos casos”, añadió.
“No hay buenismo ni perdonazo”, dice Cordero
El subsecretario Cordero también respondió a los cuestionamientos de algunos sectores de la derecha que se manifestaron en contra de esta idea, y que han acusado que la propuesta es una especie de “perdonazo”.
“Muchas de esas personas tienen arraigo a nuestro país, tienen contratos vigente en nuestro país y son personas que han decidido darle la cara al Estado de Chile y el Estado de Chile, por razones de seguridad, debe tratar de alejar a esas personas a que sean objeto de delitos en la informalidad y también ser empujadas a la comisión del delito”, dijo el subsecretario Cordero.
“Hay un universo de personas que no se empadronó, que son algo más de 119 mil. A esas personas, que están irregulares en el país, deben abandonar el país. El Estado de Chile va a hacer todas las fiscalizaciones”, añadió.
“Es muy determinante enfrentar esto con seguridad y con razones económicas; detrás de esto no hay buenismo, no hay perdonazo, es la única forma de proveer de tranquilidad a los chilenos y las chilenas de que sus vecinos están sometidos a las reglas del sistema institucional chileno”, complementó.
