El Gobierno a través de la Subsecretaría de Salud Pública y la Subsecretaría de Prevención del Delito, decidió denunciar ante el Ministerio Público al presidente del directorio de La Clínica Las Condes, Alejandro Gil.
Esto luego que se conociera que exigió vacunarse con una tercera dosis contra el COVID-19, pese a que el Programa Nacional de Inmunización no ha ordenado esto en nuestro país.
Según indica el documento, firmado por las subsecretarias Paula Daza y Katherine Martorell, el hecho protagonizado por Gil podría constituir "el delito contemplado de Apropiación Indebida, previsto en el Artículo 470, del Código Penal".
En la denuncia se señala que el 3 de julio, Alejandro Gil y Andrea Gaete se presentaron en el vacunatorio de la Clínica Las Condes "y habrían exigido a las funcionarias que se encontraban en el lugar, esgrimiendo su calidad de Presidente del Directorio, el primero y de Gerenta de Enfemería, la segunda, que les hicieran entrega y le suministraran a Gil una dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech, contraviniendo los protocolos establecidos por la autoridad sanitaria".
Asimismo, se menciona que "con posterioridad a los hechos (...) Gil habría realizado acciones directas destinadas a asegurar la impunidad de su actuar, consistentes en presentar un certificado médico, dos días después que ya había exigido la inoculación, donde justificaba su actuar en la indicación médica de la inoculación y además despidió a la funcionaria, que cumpliendo con las exigencias informó el Evento de Error de Progrmación mediante un formulario a la Seremi Metropolitana de Salud".
La denuncia, entablada por el Gobierno, fue dirigida al fiscal regional Manuel Guerra Fuenzalida de la Fiscalía Región Metropolitana Oriente.
Por otro lado, la Seremi de Salud de la región Metropolitana se encuentra realizando un sumario sanitario por este caso. De hecho, el ministro de Salud, Enrique Paris, en entrevista con Tele13 Central fue cauto al referirse a este hecho y advirtió que podrían haber importantes consecuencias.
“La clínica tiene otro problema porque las vacunas en Chile son gratuitas. El Estado de Chile es el que compra las vacunas y las entrega a las clínicas en convenios. Por lo tanto, si se ha cometido un error grave o una falta grave, es posible que tengamos que poner fin a ese convenio de la entrega de vacunas gratuitas”, dijo el ministro Paris.
