La Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (ANOP) demandó, este miércoles, a la Contraloría por un dictamen del año 2016. La medida afecta directamente a las pensiones y previsiones de sus funcionarios.
La demanda de nulidad de derecho público, presentada por la ANOP, tiene como fin solucionar el importante perjuicio económico ocasionado por el dictamen N° 42.701 de la Contraloría General, a los funcionarios de GENCHI, ya que estableció un máximo de 60 UF en la remuneración imponible.
"Una demanda como la que presentamos es un camino complejo, pero es la única vía judicial para lograr que un Tribunal de Justicia se pronuncie sobre una decisión del Contralor que ha perjudicado -y seguirá perjudicando- gravemente a centenares de oficiales de Gendarmería", afirmó Ciro Colombara, abogado de la ANOP.
La demanda se presenta en momento en que la institución vive en estado de alerta constante -con una serie de motines, amagos de incendio, toma de rehenes y agresiones de gravedad a su personal- por la crispación de los internos en los penales, a raíz de las medidas sanitarias adoptadas por la pandemia y cuando más de 350 funcionarios se encuentran contagiados por Coronavirus.
En esta causa legal se ven representados 786 oficiales penitenciarios en servicio activo y a otros 8 en retiro, que están afiliados a la ANOP. Además, se contabilizan viudas e hijos de funcionarios quienes también se han visto afectados por la disminución de sus pensiones. El hecho no se condice con la normativa vigente, que tiene a GENCHI en un estatus parecido a Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones.
