El 6 de marzo, un día antes que se inaugurara el año académico de la Escuela de Carabineros, Bruno Villalobos, general director de la institución, salía a enfrentar públicamente el fraude más grande en la historia de la policía uniformada que desde ese día no ha hecho más que crecer exponencialmente.
Las primeras informaciones aludían a 600 millones de pesos y la salida de nueve funcionarios, los que fueron llamados a retiro. Entre ellos, el general Flavio Echeverría Cortez, ex jefe de la Unidad de Intendencia, y el coronel Jaime Paz Meneses, jefe del Departamento de Presupuesto y Finanzas. En ese minuto, se informó que salía por responsabilidades administrativas.
Con el correr de los días, la bola de nieve comenzó a crecer.
Primero fue el propio Villalobos, quien en una conferencia vía streaming para sus subalternos comenzó a referirse a montos más altos. Decía que podían ser entre cuatro mil y seis mil millones de pesos.
Prácticamente en paralelo, la Fiscalía ubica la cifra en alrededor de $ 8.000 millones.
El viernes 10, exponiendo como invitado en la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, Villalobos confirmaba en privado los cálculos del Ministerio Público.
Además, manifestó que el número de funcionarios involucrados era ahora de 15.
Dos días después la lista ascendió a 17, según informó la Fiscalía, 15 de los cuales fueron retirados y/o expulsados de la institución y detenidos entre el 11 y el 12 de marzo (aunque luego quedarían en libertad por vicios de forma).
Con el aumento de los montos defraudados y de los imputados, a la investigación, que hasta entonces se encontraba en manos del fiscal de Magallanes, Eugenio Campos, se sumaba un persecutor adjunto, Miguel Ángel Orellana, de la Fiscalía Oriente de la Región Metropolitana.
La presión sobre el caso aumentó el 15 de marzo, cuando el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló en contra de 17 miembros y ex miembros de Carabineros, por los delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos.
También crecía el nivel de los involucrados. Flavio Echeverría, el funcionario de más alto rango entre los involucrados, era detenido por su participación, ya no por sus responsabilidades. Entre las pruebas en su contra, apareció una inversión que hizo en fondos mutuos por $ 416 millones. La Fiscalía lo sindicaría después como el cabecilla de la organización criminal y uno de los encargados de esconder internamente el desfalco.
Este fue un duro golpe a Villalobos, pues se trataba de un general de su más alta confianza, y su presencia en el caso sobrepasaba los aspectos meramente administrativos que se plantearon en un principio, y así se lo reconocía a The Clinic.
“Existe una confianza, confianza que tengo con los 40 generales que trabajan conmigo. O sea, es la confianza que tiene un gerente general con sus gerentes. Yo tengo 40 generales que están en la zona. Con todos tengo una gran confianza, producto de la confianza es que al general Echeverría lo invito al matrimonio de mis hijos. O sea, qué duda voy a tener yo de que era una persona honorable y transparente. ¿Si me sentí traicionado? ¡Pero lógico! No solamente por él, sino por todos los que participaron en el hecho”, comentó
A la par, se empezó a decir que los montos de la defraudación ya alcanzaban los $ 9.000 millones. Además, ocho ex funcionarios quedaron en prisión preventiva.
A comienzos de esta semana, la cifra a la que se había referencia ya era de $ 10 mil millones y que el número de involucrados ronda entre 40 y 50 personas, aunque existen versiones que esos números podrían doblarse.
La investigación y sus esquirlas no ha hecho más que avanzar en estos 20 días.
En este escenario, toma más realce el planteamiento del ex fiscal nacional Sabas Chahuán, quien considerá que la PDI debe hacerse partícipe de las pesquisas, que hasta aquí ha llevado adelante exclusivamente Carabineros.
"Creo que sería conveniente, para efectos de transparencia, de no sembrar ninguna duda, que los resultados futuros de la investigación sean absolutamente validados, que colaborara la PDI, no sé si sacando totalmente a Carabineros, pero que colaborara. Si fuera al revés, que el caso fuera de la PDI, diría lo mismo. Como fiscal, lo habría hecho", comentó Chahuán a Teletrece.
¿Sumar a la PDI?
La celeridad en el actuar mostrada por Villalobos desde que estalló el caso expuso de inmediato las diferencias respecto de cómo los altos mandos militares encararon el fraude en el Ejército.
La disposición a investigar y la rápida aparición de inculpados generó un ambiente de tranquilidad.
En un mensaje vía streaming dirigido a la institución el 7 de marzo, solicitó "colaboración a todos ustedes de poder expulsar a esos malos elementos que nos hacen pasar momentos de rabia, vergüenza y angustia (...) No vamos a proteger a nadie, no solamente en este hecho, sino que en cualquier hecho en que esté involucrado un carabinero”.
El jueves 9 de marzo, el general director respondía a la consulta si la PDI debía sumarse a las indagatorias de la siguiente manera: “Creo que nosotros tenemos las condiciones profesionales y de ética, por algo estamos revisando el caso y estamos dando a conocer los hechos. Así que creo que es una buena decisión del fiscal, la cual se la agradezco, que confíe en el actuar de Carabineros. Hasta el momento el fiscal nos mantiene en la investigación. Somos una institución seria, que no se va a prestar para hacer ‘chanchullos' que no corresponden, así es que dejemos que trabajen los estamentos y que vaya avanzando la investigación para ir informando los resultados”.
Su postura era respaldada públicamente por las autoridades políticas.
Luego de la asistencia de Villalobos a la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados el 10 de marzo, el diputado Gonzalo Fuenzalida (RN) aseguraba que “Carabineros prestó todos los antecedentes pertinentes, lo que da cuenta de su compromiso con la transparencia”.
A él se sumó esta semana Jorge Abbott, el fiscal nacional: “No tenemos ningún reparo de la investigación que está haciendo el OS-7. Han sido extraordinariamente profesionales”.
El jueves, los diputados DC Jaime Pilowsky y Sergio Espejo, además del PS Leonardo Soto, presentaron una solicitud para crear una comisión investigadora por el fraude en Carabineros. Los diputados lograron recolectar 61 firmas, por lo que creen que el 2 de abril, cuando se haga en la votación en sala, conseguirán de sobra la aprobación.
Los objetivos de la iniciativa son distintos de los de la Fiscalía. “La intención es indagar esta situación y hacer propuestas concretas”, dice Pilowsky.
El diputado falangista reconoce que “llama la atención las fallas de los controles internos y externos de Carabineros”.
Sin embargo, sobre la eventual involucración de la PDI, Pilowsky considera que esa es una facultad del Ministerio Público. “Lo deben determinar ellos”, asegura.
En todo caso, existen otras versiones parlamentarias que creen que la participación de la Policía de Investigaciones podría producirse debido a la magnitud que ha alcanzado este caso de fraude, el más grande en la historia de la reforma procesal penal, que se inició en 2000, que supera con largueza al del Ejército, cuyos montos se calculan en cinco mil millones de pesos.
También se podría hacer necesaria a causa de la jerarquía de los involucrados y los conflictos que eso puede despertar en los encargados de las indagatorias. “Sería esperable”, consideran.
De todas formas, la discusión parece formar parte de las nuevas aristas del proceso, a propósito del planteamiento de Sabas Chahuán, pero también debido a la orden emanada al Ministerio Público por parte del CDE dentro de la querella presentada el 15 de marzo.
"Se ordene a Brigada Investigadora de Lavado de Activos (perteneciente a la PDI), practicar todas las diligencias necesarias para determinar el destino final de los fondos públicos sustraídos, en especial, la ubicación de los bienes adquiridos por estos a fin de ejercer las cautelares reales y acciones de orden civil para resarcir el patrimonio fiscal", se lee en el texto.
El eventual ingreso de la PDI a la indagatoria podría aportar cuotas de tensión, dado que es un secreto a voces la rivalidad profesional que existe entre las policías civil y uniformada.
La operación
Es en octubre de 2016 cuando el fiscal de Magallanes inicia la investigación, alertados por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) ante una transacción sospechosa en un banco de la región que involucraría al capitán Felipe Ávila, quien luego manifestaría "no me quedé con ningún peso".
El mismo 6 de marzo -el día que estalló el caso-, el propio Villalobos, que días antes se había reunido con el ministro del Interior, Mario Fernández, para tratar directamente con él del tema, le entregó los antecedentes a la Fiscalía de Magallanes.
Aprovechando las debilidades del sietema informático institucional, un grupo de carabineros había creado una "máquina de defraudación", como la define Pilowsky,
En un inicio se consideró que los cabecillas eran Jaime Paz Meneses (jefe del departamento de Presupuesto y Finanzas), Héctor Nail Bravo, Pedro Valenzuela San Martín y Robinson Carvajal.
No obstante, las pesquisas terminarían llevando a Echeverría.
Los detalles del funcionamiento de la operación, al igual como ocurrió con las cifras involucradas, fue armándose día a día.
Hasta ahora, lo que se conoce es que los imputados retiraban el dinero adulterando las planillas de sueldo, el que depositaban en las cuentas corrientes de los funcionarios partícipes del fraude, quienes recibían un 10 por ciento de comisión; luego devolvían una parte de los fondos y retiraban otra en cantidades que no despertaran sospechas. La última parte del proceso incluía entregar la plata en bolsos a los "líderes", los que la transformaban en bienes o la invertían con el objeto de no dejar rastros.
El teniente coronel Mauricio Saldaña es sindicado como uno esos oficiales que facilitaron sus cuentas bancarias. Entre 2013 y 2015 habría recibido 300 millones de pesos. Sus razones para involucrarse fueron los cánceres de su esposa e hija.
Entre el 11 de abril de 2011 y noviembre de 2015 se produjeron 150 operaciones de este tipo, según le explicó Villalobos a la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados.
Hasta ahora, por el mayor fraude en la historia de Carabineros, están detenidos el general (r) Flavio Echeverría, el coronel (r) Jaime Paz Meneses, los tenientes coroneles (r), Robinson Carvajal Leyton y Héctor Nail Bravo; los capitanes (r) Felipe Ávila Paz, Carlos Rojas Muñoz y Francisco Estrada Castro; el mayor (r) Nelson Valenzuela Aravena; además de un civil. Además, el teniente coronel Ramiro Martínez Chiang quedó con reclusión nocturna.
El 10 de abril, además, se formalizará a otros 15 involucrados: Pedro Valenzuela, Mauricio Saldaña, Sergio Collao, Juan Pablo Muñoz, Víctor Escobar, Juan Moraga, Claudio Venegas, Patricio Morales, César Fernández, Jaime Valenzuela, Carla González, Claudio Arriagada, David Vega, Patricio Miranda y Patricio Rojas.
Siguiendo la tónica del caso, y las versiones que existen de las pesquisas, se espera que este número siga creciendo.
