Hasta las dependencias del Consejo de Defensa del Estado llegó esta tarde el fiscal Eugenio Campos. El objetivo: tomar declaración a la ex ministra de Justicia y hoy consejera del organismo, Javiera Blanco. El persecutor llegó acompañado de funcionarios del OS7 a concretar la diligencia.
Blanco fue subsecretaria de Carabineros entre los años 2006 y 2010. Y, de acuerdo a los antecedentes de la investigación, fue en 2008 cuando comenzó el fraude al interior de la institución.
Tras concluir la diligencia, la ex ministra detalló que "toda la información que presté en mi calidad de testigo tiene que ver con mi condición de subsecretaria, que me tocó ejercer entre el año 2006 y el año 2010. Básicamente la información tenía que ver con cuál era el rol de la subsecretaría".
"Explicamos cuál era la vinculación, qué era lo que había la subsecretaría, eso es lo que estuvimos explicándole al fiscal", agregó.
Blanco evitó entregar mayores detalles, señalando que "la investigación está en un periodo de reserva, estaría faltando a la ley si yo pudiera entregar parte de la información de la investigación".
"Sí les puedo decir que la subsecretaria siempre estuvo actuando conforme a la ley. Es una institución que dejó de existir y toda la información se la entregamos al fiscal", agregó.
Eso sí, Blanco fue enfática en que la extinta subsecretaría "no ejercía controles de tipo presupuestarios".
En tanto, al ser consultada sobre un posible roce entre su rol de consejera del CDE y su declaración en calidad de testigo, afirmó que "no hay ninguna incompatibilidad".
Decretan prisión preventiva para cuatro imputados
En paralelo, esta jornada, la Corte de Apelaciones de Santiago decretó la prisión preventiva para cuatro imputados que hasta ahora estaban con arresto domiciliario.
Se trata de Christian Valenzuela Aravena, José León Cisterna, Juan Claudio Matus Jara y Rodrigo Herrera Barraza, imputados por el delito de fraude al Fisco.
En el fallo unánime de la Cuarta Sala del tribunal de Alzada se recuerda que los investigados están formalizados por delitos que "tienen asignada pena de crimen, en carácter de reiterados, sumado a la circunstancia de haber actuado en grupo o pandilla y el elevado monto de lo que se imputa como malversado; sin que por ahora se hayan entregado antecedentes concretos por las defensas que permitan justificar una disminución de la peligrosidad social de los imputados o que esta pueda ser evitada con una cautelar de menor intensidad", como la decretada por el juez de garantía.
Según afirmó esta semana el director general de Carabineros, Bruno Villalobos, el monto involucrado en el fraude podría llegar hasta los 20 mil millones de pesos.
