En esta jornada se entregó el fallo de la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, el que finalmente accedió a que se congelara el pago de los desahucios de 20 ex funcionarios de Carabineros, todos investigados en la multimillonaria defraudación que afectó a la policía uniformada.
Esta “cautela real” fue solicitada por el fiscal a cargo del caso, Eugenio Campos, al Séptimo Juzgado de Garantía -instancia que rechazó la solicitud. El persecutor buscaba que no se pagaran los siguientes desahucios, los que se encuentran en etapa de “toma de razón” en Contraloría:
- Flavio Echeverría: $91.392.980
- Jaime Paz: $77.239.680
- José Valenzuela: $77.239.680
- Héctor Nail: $60.678.288
- Rodrigo Orellana: $62.925.632
- Pedro Valenzuela: $65.172.976
- Mauricio Saldaña: $58.067.412
- Héctor Concha: $48.149.649
- Raúl Albayay: $60.678.288
- Javier González: $60.678.288
- Juan Maldonado: $62.925.632
- Alejandro Ponce: $43.855.233
- Diego Valdés: $33.443.780
- Randy Maldonado: $33.443.780
- Fabián Cárdenas: $41.430.260
- Sergio González: $33.641.340
- Pedro Reyes: $33.641.340
- Juan Matus: $25.640.190
- Jaime Astudillo: $22.440.366
- Charles Villarroel: $62.925.632
El miércoles 27 de septiembre se alegó ante los ministros Alejandro Madrid, Nora Rosati y el abogado integrante Mauricio Decap y en esta jornada se entregó el fallo unánime que accedió al congelamiento de estos casi mil millones de pesos en desahucios.
La fiscal adjunto Karina Guajardo Pacheco calificó la decisión del tribunal como una “excelente noticia”, y aseguró a T13.cl que en Chile no se tenía noticia de una resolución de estas características, y especificó que “la retención de los desahucios fue solicitada para asegurar las indemnizaciones que habrá lugar y además el pago a las multas asociadas a estos delitos, que son multas que son de consideración”. Para la fiscal, lo resuelto por el tribunal demostraría que un desahucio “no se trata de meras expectativas y se trata de derechos adquiridos”.
El próximo 16 de octubre serán formalizadas otras 21 personas en este caso, cuyo perjuicio al fisco aún se cuenta por los 25 mil 772 millones de pesos.
