La Fiscalía Metropolitana Centro Norte, encabezada por Xavier Armendáriz, recurrió a la Corte Suprema para solicitar que se le entregue una orden judicial para que el ministro de Salud Enrique Paris permita el registro e incautación de documentos, en el marco de la investigación que se lleva en contra de su antecesor Jaime Mañalich, por un eventual ocultamiento de información en la cifra de muertos por COVID-19.
“Solicito a esta excelentísima Corte que se declare que tal resistencia ante la orden judicial librada, carece de fundamento y por lo tanto, la orden en cuestión se debe ejecutar íntegramente, al tenor preciso de su contenido”, dice el escrito enviado por el Ministerio Público a la Corte Suprema.
Desde el Ministerio de Salud habían negado los datos a la investigación que se inició contra el ex titular de Salud por una denuncia hecha por el senador Alejandro Navarro, argumentando la protección a los datos personales de las personas.
“La información procesada por los organismos del Estado a cargo de enfrentar la pandemia resulta indispensable para la toma de sus decisiones y debe ser comunicada a la población de forma permanente. El mismo plan de influenza, establece en su página 72 que la información pública debe ser pertinente y actualizada”, agrega el escrito.
En el documento para justificar la necesidad de obtener los datos solicitados, la fiscalía adjunta la declaración del ministro de Ciencias Andrés Couve y la de la ex jefa del Departamento de Epidemiología del Minsal Johanna Acevedo.
Sobre la declaración de Couve citada por la fiscalía, el escrito dice que el secretario de Estado “señala desconocer el funcionamiento del DEIS (Departamento de Estadísticas e Informaciones de Salud) que depende del Minsal y afirma que los cambios de metodología, como la ocurrida con la incorporación de nuevas categorías de casos (sospechosos), o la corrección de casos de fallecidos confirmados no fueron concordadas con la mesa de datos”.
La declaración de Acevedo en tanto, quien hoy se desempeña como jefa de la División de Planificación Sanitaria (Diplas) también dice desconocer los criterios que se adoptaban.
“Pero manifiesta que en algún momento se produjo una brecha insostenible entre la información que se comunicaba diariamente de manera pública, con la que era generada desde su división. Por este motivo, el día 29 de abril le habría enviado un correo electrónico haciendo presente que entre los casos confirmados comunicados ese día y los que ellos habían registrado había una diferencia de 90 personas”, asegura el documento.
“Al principio de marzo o abril las diferencias eran mínimas y eran atribuibles a la recepción de la información, y eso es normal, si habían 2 o 3 daba lo mismo, porque al día siguiente se compensaba. Pero cuando fueron 90 fue el hito que marcó el inicio de las diferencias, que comenzaron a crecer día a día, superando los 30.000 cuando el ministro Mañalich dejó el Minsal”, agrega.
Desde el gobierno han negado que busquen obstruir la investigación que también vincula, en otra arista, al Presidente Sebastián Piñera, al subsecretario de Redes Asistenciales Arturo Zúñiga y a la subsecretaria de Salud Pública Paula Daza, pero insistieron en que buscan mantener la cautela con la información que manejan de las personas contagiadas.
"Nuestro gobierno siempre colabora con las investigaciones de la fiscalía y por supuesto que estamos dispuestos a colaborar y, como lo mencionó el ministro de Salud, siempre protegiendo la privacidad y la información sensible de todos nuestros compatriotas", dijo Piñera hace una semana.
